La noche del miércoles, el Gobierno de
Donald Trump sufría un nuevo revés judicial. A diferencia de los fallos anteriores, relacionados principalmente con el tema migratorio, el de ahora atacaba un punto económico: los
aranceles "recíprocos" impuestos contra un gran número de países, una de las medidas más polémicas y a la vez más significativas tomadas por el líder republicano en su segundo mandato.
El autor del fallo fue el Tribunal de Comercio Internacional, el cual consideró que las medidas arancelarias tomadas por Trump "exceden cualquier autoridad otorgada al Presidente por la IEEPA para regular la importación mediante aranceles", en referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Y si bien la resolución fue suspendida al día siguiente por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de EE.UU., las críticas del Mandatario y su gobierno al sistema judicial no se hicieron esperar.
Lo cierto es que, desde que asumió por segunda vez en la Casa Blanca el pasado 20 de enero,
el líder republicano ha visto cómo varias de sus iniciativas se han topado con jueces que las han considerado ilegales e inconstitucionales, truncando varios de los planes del gobernante, al punto de que tanto él como sus funcionarios han acusado ser víctimas de una
"persecución judicial".
Así lo dijo el propio Presidente en su red Truth Social, al comentar el fallo del miércoles: "Increíblemente, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos falló en contra del país sobre los aranceles desesperadamente necesarios, pero afortunadamente el panel completo de 11 jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal acaba de suspender la orden (...) ¿De dónde salen estos tres jueces iniciales?
¿Cómo es posible que hayan causado tanto daño a Estados Unidos? ¿Se trata simplemente de un odio a "TRUMP"? ¿Qué otra razón podría haber?", afirmó.
Pero este no ha sido el único caso en el que jueces de diversas partes del país han bloqueado las medidas gubernamentales. Incluso, instituciones como la Corte Suprema, de la cual por su composición se esperaría una mayor cercanía con la Casa Blanca, han significado un dolor de cabeza para el líder republicano.
Casos emblemáticos
Ejemplos hay muchos. El pasado 23 de enero, solo tres días después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el juez John C. Coughenour bloqueaba temporalmente la orden ejecutiva que ponía fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento independiente del estatus migratorio de los padres. El magistrado afirmó que el decreto que afecta a los hijos de migrantes es "abiertamente inconstitucional", ya que la XIV Enmienda garantiza explícitamente la ciudadanía por nacimiento.
El 8 de febrero, el juez de distrito de Manhattan Paul Engelmayer (nombrado en su momento por Barack Obama) ordenó bloquear temporalmente el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) -entonces dirigido por el magnate Elon Musk- a los sistemas informáticos del Departamento del Tesoro. El magistrado emitió esta medida cautelar tras la demanda presentada por 19 estados del país, que argumentaban que los equipos del dueño de Tesla podrían interrumpir o alterar los pagos a servicios federales, según reportó el diario El País.
Cinco días después, el juez de distrito
Brendan Hurson, de la ciudad de Greenbelt (Maryland), ordenó al Gobierno de Estados Unidos mantener el financiamiento federal a los hospitales que ofrecen
tratamientos de transición de género a menores de 19 años, luego de que Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que ponía fin al respaldo del Ejecutivo a estas terapias. El magistrado -designado por el entonces presidente Joe Biden- acogió la demanda presentada por seis adolescentes transgénero de entre 12 y 18 años de edad, junto a sus padres y agrupaciones LGBTIQ+.
En esa misma línea, la jueza de distrito de Washington D.C. Ana Reyes (nominada en su momento por Joe Biden) bloqueó el pasado 18 de marzo la orden ejecutiva dictada por Donald Trump que prohibía a las personas transgénero servir en el Ejército. "Todos debemos estar de acuerdo en que toda persona que haya respondido al llamado para servir merece nuestra gratitud y respeto", recalcó la magistrada.
Ante estos bloqueos judiciales, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó a los magistrados en su cuenta de X: "Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, sería ilegal. Si un juez intentara ordenar al fiscal general cómo emplear su discreción, eso también sería ilegal. A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo", señaló Vance, licenciado en Derecho de la Universidad de Yale.
La justicia también se ha manifestado en quizás uno de los casos más emblemáticos. El 15 de marzo, el juez de distrito James Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones de migrantes a una prisión de El Salvador que el Ejecutivo planeaba llevar a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta normativa, que solo se había usado durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses y en las dos guerras mundiales, otorga al Presidente de EE.UU. facultades especiales para identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados.
Esta orden, no obstante, no fue impedimento para el Gobierno, que al día siguiente del fallo expulsó a 238 venezolanos identificados como miembros del Tren de Aragua. Según explicó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt,
el Ejecutivo "no se 'negó a cumplir' una orden judicial".
La portavoz agregó que la resolución del juez Boasberg -que calificó de "carente de fundamento legal"- se emitió "después de que extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya habían sido expulsados del territorio estadounidense". Es por eso que, aseguró, "la orden escrita y las acciones de la Administración no chocan".
Más allá de esto, uno de los últimos reveses judiciales para la Administración Trump se registró el 23 de mayo, luego de que la jueza de distrito de Boston Allison D. Burroughs bloqueara temporalmente la decisión del Gobierno estadounidense de paralizar las matrículas de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard. La magistrada, que acogió la moción presentada por la propia casa de estudios, anunció seis días después la extensión de la orden.
El rol de la Corte Suprema: De amor y odio
Con este escenario, el Gobierno de Donald Trump ha debido recurrir a los tribunales de Apelación y a la mismísima Corte Suprema para destrabar estos bloqueos y seguir con su agenda. Debido a su composición, con seis jueces de tendencia conservadora de un total de nueve, se esperaba que las resoluciones del máximo tribunal fueran más en la línea de la Casa Blanca. Pero no ha sido necesariamente así.
El 10 de abril, la Suprema ordenó el regreso a Estados Unidos del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado al Centro de Confinamiento para el Terroristo (Cecot) de su país natal a pesar de que contaba con una orden judicial contra su deportación. El mismo Gobierno norteamericano, incluso, admitió que deportó "por error" a este hombre residente de Maryland, pero el presidente salvadoreño Nayib Bukele ya afirmó que no devolverá al migrante porque es "un terrorista".
Nueve días después, el máximo tribunal
suspendió la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. "Se ordena al gobierno no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte", decretó, en respuesta a una demanda presentada en Texas.
La Corte ratificó esta resolución el pasado 16 de mayo, en un fallo de siete jueces contra dos, al estimar que no se le da suficiente tiempo a los migrantes para impugnar su expulsión. Es por eso que devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones de Texas.
Esto desató la molestia total de Donald Trump. "La Corte Suprema de Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que que me han elegido", aseguró el Mandatario un día después en su red Truth Social.
Para el líder republicano, el tribunal "acaba de dictaminar que los peores asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso aquellos con problemas mentales que ingresaron ilegalmente a nuestro país no pueden ser expulsados sin pasar por un proceso legal largo, prolongado y costoso, que posiblemente tomará muchos años por persona y que les permitirá cometer numerosos delitos antes siquiera de ver un tribunal".
Pese a estas resoluciones, la Corte Suprema también se ha cuadrado con Trump en otros casos. Así ocurrió el viernes recién pasado, al conceder la solicitud de emergencia cursada por el Ejecutivo para poder
retirar la protección legal temporal concedida por la anterior Administración de Joe Biden a
532.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
La Casa Blanca estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts que consideró que el Gobierno no podía anular este "parole humanitario", que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EE.UU., sin analizar el procedimiento caso por caso.
Quién es el responsable según Trump
Con estos antecedentes, el Gobierno de Donald Trump insiste en ser víctima de una "persecución judicial". Así lo dejó claro el propio Mandatario en su publicación del jueves en Truth Social, donde responsabilizó a la Sociedad Federalista de Estudios de Derechos y Políticas Públicas (red de abogados conservadores y libertarios) y a su presidente Leonard Leo, quienes influyeron en el nombramiento de jueces durante el primer mandato del líder republicano. Estas designaciones, aseguró el jefe de Estado, han sido perjudiciales para Estados Unidos.
"Era nuevo en Washington y me sugirieron que recurriera a la Sociedad Federalista como fuente de recomendaciones sobre jueces. Lo hice abierta y libremente, pero luego me di cuenta de que estaban bajo el yugo de un auténtico canalla llamado Leonard Leo, una mala persona que, a su manera, probablemente odia a Estados Unidos y, obviamente, tiene sus propias ambiciones", remarcó Trump.
El gobernante añadió: "Estoy muy decepcionado con la Sociedad Federalista por
los malos consejos que me dieron en numerosas nominaciones judiciales. ¡Esto es algo que no se puede olvidar! Dicho esto, estoy muy orgulloso de muchas de nuestras designaciones, pero muy decepcionado con otras. ¡Siempre deben hacer lo correcto para el país!".
Pero, ¿quién es Leonard Leo y cuál es su poder? De acuerdo con un reportaje de 2023 del sitio ProPublica, este abogado de 59 años es uno de los hombres más poderosos en el mundo judicial, pese a nunca haber ostentado un cargo público. A él se le sindica como el gran responsable de las nominaciones de Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett como jueces de la Corte Suprema durante el primer mandato de Donald Turmp. Antes de eso, incluso, participó en la designación de los otros tres integrantes del máximo tribunal (Clarence Thomas, John Roberts y Samuel Alito), durante el gobierno de George W. Bush.
Pero eso no es todo. Leo lo que realmente estaba buscando era "transformar todo el Poder Judicial", según ProPublica. Fue así como influyó en el nombramiento de numerosos magistrados conservadores, varios de los cuales eran integrantes de la Federación Federalista, a la cual Leo "había convertido en un gigante político", de acuerdo con el mismo medio.
"Décadas atrás, (Leo) se dio cuenta de que no bastaba con tener una mayoría de jueces en la Corte Suprema. Para revertir fallos históricos como Roe (que consagraba el derecho al aborto), su movimiento debía asegurarse de que la corte escuchara los casos correctos, presentados por las personas adecuadas y por los jueces de primera instancia adecuados", agregó ProPublica.
Fue así como Leonard Leo y la Federación Federalista trabajaron codo a codo con la administración Trump durante su primer paso por la Casa Blanca.
Pero hubo un quiebre, tras los diversos fallos judiciales realizados contra Trump, que incluyen a la Corte Suprema diseñada por el propio Leo.
Estos últimos hechos han distanciado al trumpismo de la Federación, a la que acusan de querer socavar al Mandatario estadounidense. De grandes aliados pasaron a ser enemigos, mientras los enredos judiciales continúan.
