Nicaragua se quedó nuevamente sin embajador en Madrid, luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez expulsara al representante de Managua, Maurizio Carlo Gelli, en "estricta reciprocidad" por la "injusta expulsión" del embajador español en el país centroamericano, Sergio Farré Salvá, que llevaba menos de dos meses en el puesto.
El Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, aún no han explicado los motivos que lo llevaron a expulsar al embajador de España en Managua y de la segunda jefatura diplomática de España en el país centroamericano.
Esta es la segunda vez en los últimos cuatro años que Nicaragua se queda sin embajador en Madrid.
En 2021, las detenciones y el encarcelamiento de líderes opositores y aspirantes a candidatos de las elecciones nicaragüenses del 7 de noviembre de ese año provocó el enérgico rechazo de España antes de los comicios, desencadenando la tensión entre los gobiernos de ambos países.
El cruce de acusaciones dejaría temporalmente a ambos países sin embajadores en Madrid y Managua.
El 11 de agosto de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez llamó a consultas a España a la entonces embajadora María del Mar Fernández-Palacios en respuesta a un comunicado publicado el día anterior por la Cancillería nicaragüense que contenía, según el Ministerio de Asuntos Exteriores español, "gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales" españoles.
Esa carta denunciaba injerencia por parte de España y criticaba los asuntos "temas pendientes" de Madrid con los derechos humanos, como la creación en la década de los 80 de los Grupos Anti-terroristas de Liberación (GAL) o el conflicto con el independentismo catalán.
Posteriormente, las autoridades del país centroamericano le denegaron su regreso a Nicaragua.
España rechazó "de manera tajante" el contenido de la nota de la Cancillería nicaragüense y exigió al país centroamericano cumplir "con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política".
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España citó después al entonces embajador de Nicaragua en Madrid, Carlos Midence, para pedirle explicaciones por su negativa a la vuelta de la embajadora española en Managua.
A las pocas horas, el Gobierno de Nicaragua ordenó la retirada de sus funciones de Midence debido, según Managua, "a las continuas presiones y amenazas injerencistas" en su contra, "que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática".
Meses después de las elecciones, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que la decisión de Nicaragua de retirar a su embajador en Madrid suponía "un capítulo más de la huida hacia adelante de Ortega".
Albares recordó que el mandatario nicaragüense "tiene una sanción moral y política de la comunidad internacional", que considera que las elecciones de noviembre de 2021, por las que renovó por quinta vez su mandato, fueron "una burla" y le reportaron "sanciones reales".
En 2022, Nicaragua nombró a Gelli como embajador en Madrid.
En ese mismo año, España intentó que Fernández-Palacios regresara a Managua, pero el Gobierno de Ortega negó la autorización, evidenciando la fragilidad de la relación entre ambos países.
Finalmente, se acreditó como embajadora a Pilar María Terrén, que se mantuvo en el cargo hasta ser sustituida por Sergio Farré, en un intento de cerrar la disputa diplomática que ahora se ha vuelto a reabrir.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras esas controvertidas elecciones, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con Murillo como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión.
