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Ues estatales piden alza de impuestos al sector más rico del país para financiar gratuidad

El CUECh presentó hoy su propuesta para la reforma a la educación superior, donde plantea la creación de incentivos para aumentar la matrícula y una compensación por "sobrecarga" administrativa.

08 de Septiembre de 2015 | 14:27 | Emol
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"No puede ser que la gratuidad sea a cargo del bolsillo de los estudiantes, ésta es una cuestión de principios", dijo el presidente del CUECh, Ennio Vivaldi.

El Mercurio
SANTIAGO.- El Consorcio de Universidades Estatales (CUECh), presentó este martes su propuesta para la reforma a la educación superior, donde plantea fortalecer a los planteles regionales, crear incentivos para aumentar la matrícula en el sector y aumentar los impuestos a las personas con más recursos del país para financiar la gratuidad.

En el documento de 29 páginas llamado "Revalorización del sistema de educación superior estatal en el marco de la reforma propuesta por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet", el CUECh señala que "la gratuidad como un ideal a alcanzar, responde a un nuevo paradigma de cómo entender la sociedad a la cual todos pertenecemos".

Por esto, plantea que ésta debería ser financiada "contra rentas generales", así, "quienes más reciben debieran aportar solidariamente más por la vía impositiva".

Al respecto, el presidente del CUECh y rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, explicó que "no puede ser que la gratuidad sea a cargo del bolsillo de los estudiantes, ésta es una cuestión de principios".

"En muchas partes la opción de lo público es muy significativamente menor que lo que significa el gasto que representa ir a una institución privada, el único lugar donde eso no ocurre es Chile donde uno termina pagando tanto en el sistema público como privado. Chile es tan absurdo que las universidades de más prestigio no cobran más que las que tienen menos prestigio, o sea, ni siquiera se está cumpliendo el criterio de mercado", subrayó.

Respecto al financiamiento, el CUECh plantea también diferenciar los recursos "garantizados" y "variables" asociados a incentivos de acuerdo al lugar dónde se emplazan las universidades, por ejemplo, las ubicadas en zonas más extremas podrían recibir un porcentaje mayor.

Por otro lado, el documento establece fijar políticas a corto plazo para que académicos e investigadores "de alto nivel" se desempeñen en regiones, como también un plan especial para las Ues estatales "históricamente postergadas" y apoyo en infraestructura.

Otro de los puntos fijados por el CUECh apunta a la creación de una "compensación" para este tipo de universidades debido a su sobrecarga administrativa. "Debe compensarse el mayor costo que significa para las instituciones del Estado cumplir con las regulaciones que le son aplicables sólo a ellas y que encarecen su gestión, como las exigidas por el sistema de compras públicas, leyes de transparencia, lobby, entre otras", dice el oficio del CUECh.

"Tenemos tremendas dificultades dentro del sistema chileno. Lo que sí nos parece que es inmutable es el carácter de transparencia, porque eso lo debe tener cualquier institución que recibe aportes del Estado. Aquí nadie está pidiendo menos regulación, por el contrario, queremos que la transparencia se amplíe a todas las instituciones", dijo el presidente de las Ues estatales, Ennio Vivaldi.

Gratuidad en 2016: CUECh fija cuatro criterios

Si bien las Ues estatales manifestaron que van a adherir a la gratuidad en 2016, establecieron cuatro criterios que deben estar "garantizados" por el Gobierno para sumarse al beneficio.

En primer lugar, exige que los planteles estatales no deberán recibir menos recursos de los que hoy reciben "cualquier sea el mecanismo que implemente la gratuidad" y que el financiamiento de las dos nuevas universidades estatales (Aysén y O'Higgins) y los 15 centros de formación técnica estatales sea "independiente y adicional" a lo que hoy se destina a las universidades estatales existentes.

También piden que se garantice que el arancel regulado no impactará negativamente los ingresos de las instituciones del Estado y que si disminuye ésta deba ser recompensada y, por último, que la política de financiamiento considere instrumentos que compensen gradualmente las inequidades entre instituciones, especialmente aquellas que tienen la condición de regionales (Aporte Fiscal Directo).
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