SANTIAGO.- La Universidad Autónoma de Chile informó la tarde de este jueves que adscribirá finalmente a la política de gratuidad para el próximo año, siendo la cuarta casa de estudios privada en confirmar que accederá al beneficio.
La decisión fue confirmada esta por el rector de la institución, Teodoro Rivera, debido a que la institución cumple con los requisitos fijados por el Gobierno. Estos son: contar con cuatro años de acreditación, como mínimo, y no poseer lucro.
El plantel cuenta con 20.229 estudiantes matriculados, de los cuales, se estima que alrededor del 40% podría acceder a la gratuidad al estar dentro de los cinco primeros deciles de ingreso.
Por otro lado, la Universidad Mayor también informó durante esta jornada su decisión con respecto a la política de gratuidad, que según la proyección del Gobierno beneficiará a 178 mil estudiantes en 2016.
No obstante, a diferencia de la otra universidad, este plantel determinó no adscribir al beneficio, debido al déficit de recursos que generaría para la casa de estudios, junto con cuestionar los plazos para acceder a información "específica" respecto a cómo operará el beneficio.
Mediante una declaración públicas, el rector de la universidad, Rubén Covarrubias, argumentó ad portas a la aprobación de ley envió una carta a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, "a objeto de acceder a información específica y tratar de dilucidar el rol del Estado en la evidente reducción de ingresos que implica sumarse a la gratuidad".
"No habiendo tenido respuesta de la ministra, pero sí un llamado telefónico del jefe de la División de Educación Superior (...) ratificamos que de acuerdo a los cálculos oficiales del Gobierno si la Universidad Mayor resuelve ingresar al sistema, dejará de percibir ingresos por $7.901.000.000 sólo durante el año 2016 y que el Estado no cubrirá ese monto, ni parcial ni íntegramente", indicó.
En esa línea, añadió que "pese a que en la universidad existía la disposición a ingresar a la gratuidad, resulta inviable hacerlo sin contar con el apoyo financiero que el Estado sí otorgará a otras universidades. Hacerlo pondría en riesgo nuestro proyecto educativo, cuya calidad ha sido acreditada y reacreditada en Chile y Estados Unidos".
"Adoptar decisiones tan trascendentes, con escaso tiempo de reacción y altas dosis de incertidumbre en la información específica, nos impone una cuota adicional de responsabilidad de cara a los más de 22 mil jóvenes que en la actualidad forman su futuro profesional en nuestras aulas", remarcó el rector.
El plazo para que las casas de estudios elegibles informen al ministerio de Educación si se suman o no a la gratuidad culmina este domingo 27 de diciembre, día en que se publican los puntajes de la PSU e inicia el proceso de postulación a la educación superior.
