Cristian Soto, El Mercurio
SANTIAGO.- El año pasado estuvo marcado por un intenso debate en torno a la alta judicialización de los procesos de adecuación de precios de los planes de las isapres y las consecuencias que esto tendría en la viabilidad del sistema.
Durante 2015 ingresaron 134 mil recursos de protección a la justicia con el objetivo de congelar los precios de los planes. Este número supera en 48% los más de 90 mil recursos ingresados en 2014, según el conteo preliminar realizado por la Asociación de Isapres al 31 de diciembre. En todo caso, este aumento fue menor al 53% registrado en 2014.
En reiteradas ocasiones, la industria ha advertido que peligra la viabilidad del sistema si es que más del 10% de los cotizantes acuden a la justicia y congelan sus precios. Precisamente están en esa situación Cruz Blanca y Colmena, que tienen el 13,53% y el 10,52% de su cartera de cotizantes judicializada, señala "El Mercurio".
El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes dice que esto implica, que las isapres deben pagar no solo las costas, sino asumir además con otros recursos los ingresos que dejan de percibir por el congelamiento de los precios de los planes que los cotizantes han judicializado.
El mayor gasto de salud, recalca, finalmente debe ser asumido por los afiliados que no han recurrido a la Corte para detener la adecuación de precios.
Así, al 31 de diciembre de 2015 el 7% de los afiliados al sistema de salud privado tiene congelado los precios de sus planes.
En costas judiciales, el gremio también realizó una proyección del gasto asociado a estos recursos, monto que bordearía los $21.472 millones.
Buscando soluciones
Desde la Asociación de Isapres afirman que los más de $21 mil millones vinculados a los recursos de protección ingresados durante el último año financian a un grupo de abogados litigantes, poniendo en riesgo la viabilidad de la salud privada.
"La Superintendencia tiene responsabilidad de cautelar la viabilidad del sector, toda vez que el cierre de una isapre perjudicará a miles de personas enfermas que tendrán que ser atendidas por Fonasa. Esto también perjudicará el erario público", advierte Caviedes.
Por esto, el timonel gremial enfatiza que "la Superintendencia dispone de toda la información respecto del aumento de costos de salud y de licencias médicas de las isapres por lo que la emplazo a hacer pública esa información, difundirla en los medios y enviarla a tribunales".
En tanto, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, reitera que la judicialización es un problema estructural, producto de la forma en que ha funcionado el sistema privado durante años: "Aquí las que han fallado son las isapres. Estas tienen que demostrar que el ejercicio de la facultad que está establecida en la ley (adecuación de precios), no se ha hecho de manera abusiva o arbitraria".
El regulador plantea que es la industria aseguradora privada de salud la que no ha sido capaz de justificar en tribunales que las alzas están respaldadas.
"No corresponde a la Superintendencia ejercer, subsidiar esa incapacidad que ha tenido el sistema para justificar adecuadamente las alzas", sentencia el superintendente.
Es más, el regulador destaca los constantes esfuerzos realizados en este tema, como el IPC de la salud, método que fue descartado tanto por las isapres como por los tribunales.
Por eso, Pavlovic indica que lo reemplazaron por un esquema de distintos factores, que no fue considerado ni por las isapres ni por los tribunales.
Agrega que, por lo demás, este último método, a juicio de la Superintendencia, demostraba que no era necesario subir año a año el precio.
