La fiscal de la zona Centro-Norte Ximena Chong, reveló en la audiencia que Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo César Fuentes Campusano, lograron unos 2 mil millones de pesos presentando documentos fraudulentos.
El Mercurio
SANTIAGO.- Tres empresarios proveedores del Ejército fueron formalizados por el delito de fraude al fisco, acusados de obtener más de 2.400 millones de pesos con dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
La fiscal de la zona Centro-Norte Ximena Chong –quien indaga la arista de los civiles implicados en la causa- reveló en la audiencia que Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo César Fuentes Campusano, lograron unos 2 mil millones de pesos presentando documentos fraudulentos solicitados por efectivos del Comando de Apoyo a la Fuerza, como dueños y representantes legales de las sociedades Katherine y Nicole y Comercio Capellán.
Mientras que el tercer involucrado es Francisco Huincahue Necuñir, quien ya había sido formalizado en la causa en el año 2014 por la emisión de 10 boletas por 104 millones.
En su caso, la fiscal amplió los antecedentes y sumó nuevas facturas fraudulentas encontradas a nombre de su empresa en la revisión del Ejército por $325 millones, llegando a un total de 429 millones de pesos defraudados.
"Los servicios y los insumos no fueron entregados. Los funcionarios del Ejército están confesos respecto de haber solicitado la entrega de las facturas y además de haber facilitado la documentación interna que permitió que se ejecutara el pago", señaló la persecutora.
Pese a las importantes sumas de dinero, Chong pidió arraigo nacional y firma quincenal a los tres imputados, argumentando que si bien no han reconocido los hechos, si han acudido a los actos del procedimiento y han colaborado en la arista militar.
La solicitud fue aceptada por la jueza de Garantía Carla Cappello del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que las defensas de los tres imputados aceptaran la solicitud.
La magistrado también argumentó que la responsabilidad de los civiles en esta causa no es igual a la de los militares del Comando de Apoyo a la Fuerza involucrados, pues éstos conocían la burocracia y facilitaron los documentos para el ilícito.
