SANTIAGO.- Un nuevo flanco de conflicto podría abrirse para la Presidenta Michelle Bachelet, luego de que el equipo que indaga el caso Penta iniciara diligencias para aclarar una rectificación realizada por conocida empresa de retail Ripley ante el SII por el pago de unos $50 millones a uno de sus proveedores durante su última campaña presidencial.
Según informa
El Mercurio, la nueva arista salió a la luz en el marco de las indagaciones para establecer si otros grandes contribuyentes cometieron irregularidades tributarias para financiar campañas políticas.
La información estaba sólo en manos del SII. Sin embargo, la declaración, el 4 de noviembre pasado, de Tomás Carrasco -ingeniero y dueño de VSA Ltda- amplió el espectro de empresas que están en la mira de la fiscalía, luego que sostuviera que él facturó para ellas a petición de su amigo Laurence Golborne, en el marco de dineros para su campaña, ya que no se trata de servicios efectivamente prestados.
Es así como los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena -mandatados por el fiscal regional metropolitano oriente Manuel Guerra- pidieron al SII las rectificatorias que hicieron empresas como el banco Bci y también Comercial ECCSA S.A., grupo que controla a Ripley Corp, y que fue mencionado por Carrasco como destinatario de tres facturas falsas por $15 millones.
Aparición de Credo
En etapa de análisis y citaciones se encuentran los investigadores. Según este medio pudo recabar a mediados del año pasado, la compañía fundada por los hermanos Calderón Crispín realizó un análisis interno en la compañía y procedieron a rectificar ante el SII -además de pagar las correspondientes multas- todos aquellos servicios que no habrían sido realizados y que sin embargo fueron incorporados en su contabilidad y en las declaraciones de años anteriores.
Entre ellos, existen dos facturas por $50 millones de Comercial ECCSA S.A. a Asesorías Credo Limitada, firma que -según datos del Servicio Electoral (Servel)- aparece como uno de los proveedores en la campaña de Michelle Bachelet.
Una de las facturas data del 8 de enero de 2014 y fue emitida por un supuesto informe de gestión. La rectificatoria de Ripley habría sido monitoreada en esa época por el entonces director del SII Michel Jorratt y -según fuentes conocedoras del caso- ECCSA habría pagado una multa de 4 veces lo que rebajó de impuesto con estas facturas falsas.
Vínculos
No es la primera vez que Ripley aparece mencionada en esta indagatoria sobre presunto financiamiento irregular de campañas políticas. Alejandro Friedman, el representante legal de ECCSA S.A., fue citado a declarar -en su momento- por el ex fiscal nacional Sabas Chahuán cuando lideraba el equipo del caso Penta.
En esa oportunidad, el objetivo del interrogatorio fue contrastar la versión de los dueños de Reactor SPA -agencia publicitaria que trabajó para el ex candidato a senador Pablo Zalaquett-, que sostuvieron que algunos de sus trabajos para la página web de la campaña fueron cancelados luego que emitieran una factura a Ripley, sin que ellos directamente hayan trabajado para la firma de retail.
De hecho, en marzo del año pasado Sergio Hidalgo - gerente general de Inmobiliarios de Ripley - declaró ante el SII por estos hechos: "nos percatamos de que pudimos haber cometido un error tributario, pero jamás un delito", respecto de tres facturas por $1 millón que ellos hicieron como "pagos realizados a Reactor Spa, que corresponden al pago directo de gastos electorales incurridos por la campaña electoral de Pablo Zalaquett".
Rol en la campaña
Con base en la nueva rectificación de antecedentes ante el SII realizada hace pocos días por ECCSA S.A. es posible que los fiscales consulten también a Friedman por este pago a Credo Limitada.
Pero, ¿quién está detrás de esta empresa? Según datos del Diario Oficial se trata de una firma constituida el 20 de agosto de 2013 por Magdalena Velasco Weber y su esposo, el publicista Diego Perry Aldana.
Este último tuvo importante influencia en la publicidad de la campaña de la Presidenta Bachelet y además es dueño de Servicios y Publicidad La Clínica Ltda., sociedad que aparece mencionada en la denuncia del SII en el marco del caso SQM por una factura por $58 millones que la minera no metálica rectificó. Esta empresa, además, según el registro de campaña de la primera vuelta, recibió $175 millones en septiembre de 2013 por asesorías creativas.
Por su parte, la otra firma de Perry, Asesorías Credo Limitada aparece como proveedor en la segunda vuelta de la campaña presidencial de Bachelet con $15 millones, en una factura emitida el 15 de diciembre de 2013 por concepto de propaganda electoral.
De ahora en más, al igual como se realizó esta semana en la arista Bci, la fiscalía se apronta a desarrollar diligencias para aclarar el motivo de la rectificación de estos pagos y si corresponderían a aportes al financiamiento de campañas políticas, en el caso de ECCSA no tan solo a Golborne -como refirió Carrasco-, sino también a la campaña de Bachelet.
