SANTIAGO.- Un quiebre de las confianzas declararon los alcaldes de San Bernardo y Talagante, Nora Cuevas y Raúl Leiva respectivamente, luego de que ayer en la comisión de Salud de la Cámara se revelara que el consorcio Santa Marta sabía una semana antes del incendio que habían grietas en el relleno sanitario que eran sinónimo de peligro y a pesar de eso no se tomaron las medidas preventivas.
Ambos jefes comunales alegan una falta de diligencia y prevención de parte de la empresa y de la autoridad sanitaria al no evitar la emergencia a pesar de la información que se manejaba.
Así y además de la evidente molestia que existe con el consorcio propietario del relleno Santa Marta ahora los dardos apuntan a la falta de fiscalización que hubo antes del incendio y posterior a este, ya que temen un mayor daño a la comunidad como consecuencia del derrumbe: la contaminación del agua.
"Las confianzas están absolutamente quebrantadas y lo que exigimos es que cuando hay faltas de confianza, cuando hay instancias peligrosas que generan riesgo, es que la fiscalización debe ser siempre férrea y concreta, es eso lo que esperamos de la autoridad de Salud y esa fiscalización que no hubo, esperamos que ahora se haga", remarcó el alcalde de Talagante.
Contaminación del agua
Ante la instancia parlamentaria donde fueron citados ayer el seremi de Salud Carlos Aranda, el intendente Metropolitano Claudio Orrego, el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo Pablo Gómez, el presidente del consorcio Guillermo Ruiz aseguró que los 300 metros cúbicos diarios de líquidos percolados que genera el relleno sanitario "están bajo control".
"No creemos en esa versión", recalcó tajante Nora Cuevas, quien dirige San Bernardo, comuna que colinda con el relleno y que fue la más perjudicada debido a que el viento dirigió el humo y la contaminación del incendio hacia allá y que además ha visto cómo ha debido cambiar el uso del suelo debido a los cambios que ha sufrido desde la instalación del vertedero.
"No hay un control tan estricto que diga que está todo ok. Pero aquí había un comité de seguimiento que nunca más funcionó y no dejó de funcionar en este Gobierno ni tampoco en el anterior, sino que cuando se instaló la empresa en Talagante", argumentó incrédula la alcaldesa quien acusa de "irresponsable" e "irónico" a Guillermo Ruiz en el tratamiento de la emergencia.
En esa línea y coincidiendo con su par, Raúl Leiva exige que de continuar operando la empresa en su comuna, primero no se permita el ingreso de residuos que no corresponden a los domiciliarios -factor que ahora asoma como la principal causante del derrumbe- y luego que se garantice la inocuidad del agua potable. "Hasta el momento nos han dicho que no hay problema, pero no nos han mostrado ningún estudio que lo clarifique".
"Debemos aprender de nuestras experiencias, y si es necesario decirle a los vecinos que sólo deben consumir agua potable, es preferible que lo digan, pero no que debemos esperar más días. No pueden arriesgarnos", apuntó la alcaldesa de San Bernardo.
Empresa "tiene que asumir" el sobrecosto
Ayer ante los diputados Ruiz dijo estar disponible para asumir el sobrecosto que significa para los 19 municipios que depositaban la basura en Santa Marta al tener que llevarlos hacia Santiago Poniente y Tiltil debido al cierre temporal.
Si bien no manejan las cifras exactas, los alcaldes de Talagante y San Bernardo aseguran que además del mayor costo que deben cancelar ahora sólo por verter los residuos en otro relleno sanitario, el mayor gasto ha sido por transporte y recurso humano.
"La distancia es mayor ahora, tememos que pudiera ocurrir algo similar a lo de Pedro Aguirre Cerda porque no alcanzamos a sacar toda la basura que deberíamos diariamente, estamos muy retrasados", explicó Nora Cuevas.
En tanto en Talagante Raúl Leiva detalló que "el personal está realizando tres horas extras en promedio en turno de mañana y tarde debido al atochamiento que se genera al ingreso de Santiago Poniente"
