SANTIAGO.- Más sofisticación del trabajo policial. Ese es el énfasis en el que según el profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales (UDP) Mauricio Duce, se debe hacer para mejorar los niveles de arrestos en el país y evitar así la implementación del polémico proyecto de control de identidad.
Entrevistado por LUN, el académico se opone a la idea de que los policías exijan la cédula a cualquier persona sin tener una razón, como una forma de mejorar el trabajo de detención de las 66 mil personas que hoy están hoy con órdenes de aprehensión pendientes.
Actualmente, esa medida está contemplada por el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal.
Según explica, en octubre del año pasado, gracias a una nueva directriz del general director de Carabineros, se logró en apenas dos meses, ubicar a 20 mil de los 66 mil individuos buscados, "que es una de las razones principales para la modificación del control de identidad".
"Eso demuestra que la delincuencia se resuelve con una sofisticación del trabajo policial, no con nuevas leyes como esta. El camino es otro", señala.
Duce agrega que la norma que se verá en marzo en el Congreso, es "totalmente innecesaria, porque los policías, con la normativa actual, realizan un promedio de dos millones de controles de identidad preventivos al año".
A su juicio, "tampoco se puede argumentar que los policías están con las manos atadas por la legislación vigente, porque del total de los controles, una ínfima parte, menos del 0,13%, es declarada improcedente por algún tribunal".
Sesgos de clase
Quienes coinciden con Duce son los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich y Jaime Winter, quienes escribieron una carta a El Mercurio este martes respecto del tema.
Según explican en su misiva "cualquier ciudadano quedará expuesto al riesgo de verse sometido a un control que, según lo que pueda esgrimir el respectivo funcionario policial, lleve a una intervención de mayor intensidad. Y, por supuesto, hablar del riesgo que enfrentaría así ‘cualquier ciudadano’ es eufemístico, precisamente porque los sesgos de clase que prevalecen en la persecución penal tenderán a concentrar la intervención policial en ciertas categorías estereotipadas de personas".
En ese sentido, a juicio de la defensora nacional (s) Viviana Castell, el proyecto es "altamente discriminatorio".
"En la práctica, la medida afectará a los sospechosos de siempre, es decir aquellos que se visten de cierta manera, que hablan de cierta forma y que viven en ciertos lugares. Que no son otros que los sectores más vulnerables de la sociedad", asegura.
