SANTIAGO.- El ex ministro de Educación de Sebastián Piñera y actual director del Centro de Estudio Públicos (CEP) manifestó su rechazo al proyecto que busca implantar el control de identidad preventivo y recalcó que la medida "contribuiría a la exclusión y discriminación".
Mediante una carta enviada a
El Mercurio, el economista argumentó que según estudios de la OCDE existen 11 países en que más del 80% de sus residentes camina sin sobresalto por las calles en la noche, de estas naciones, "ninguna utiliza el control de identidad como instrumento para combatir la delincuencia", dijo.
El director de CEP también expresó que la implantación de la medida llevaría a destinar gran cantidad de recursos para que las policías realicen controles en las calles, "sin que esté claro que estos vayan a lograr un efecto concreto".
"Basta pensar, por ejemplo, sólo en el número de controles que habría que hacer antes de sorprender a una persona que tiene una orden de detención pendiente", recalcó Beyer.
Otro punto en que pone énfasis Bayer es el riesgo a que el criterio para detener a una persona sea influenciado por su condición social.
"En una democracia las distintas personas y grupos sociodemográficos que la componen deberían tener la expectativa de que van a ser tratados igual respeto, es en este ámbito donde los efectos no deseados de esta iniciativa son más evidentes", argumentó Beyer, quien agregó que "la aplicación de esta política, por muy loable que sea su motivación, conducirá a que se trate desigualmente a las personas y grupos que forman parte de nuestra nación".
El ex ministro de Educación concluyó planteando que la implantación del control de identidad preventivo contribuiría a la "discriminación y la exclusión y sólo terminaría desligitimando la indispensable lucha que el Estado chileno debe emprender contra la delincuencia".
El nuevo proyecto
En la actualidad las policías sólo pueden pedir la cédula de identidad a personas en las que existan indicios que hayan cometido o van a realizar un delito.
Pero la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso y forma parte de la agenda corta antidelicuencia impulsada por el Gobierno, plantea que cualquier chileno podrá ser requerido, independiente del lugar o acción que está realizando..
La inidicación ha sido comparada ampliamente con la antigua detención por sospecha.
