SANTIAGO.- De acuerdo a las últimas cifras de Gendarmería, existen cerca de 30.860 personas privadas de libertad en el país, de los cuales, más de un 70% declara no haber terminado cuarto medio.
No obstante, en 2015 el 52% de los internos accedió a educación en alguna de las 98 escuelas repartidas entre las 81 cárceles del país, cifras positivas para la entidad carcelaria, ya que el acceso a la educación al interior de los centros de reclusión es considerada una de las principales herramientas para combatir la reincidencia.
En los últimos dos años, el ingreso a la educación media registró un alza de un 6,6%, mientras que el año pasado 2.221 internos lograron terminar cuarto medio. Proceso que se debe ajustar al reglamento del Ministerio de Educación (Mineduc), por lo que los reclusos deben cumplir horarios y las exigencias del currículo.
"Entregar una oferta basada en la continuidad y nivelación escolar constituye un eje fundamental entre las políticas institucionales, ya que es una herramienta que mejora las probabilidades de egreso satisfactorio", señaló el subdirector Técnico (S) de Gendarmería, Alejandro Arévalo, a Emol.
"Su naturaleza se asocia especialmente a factores de voluntariedad o motivacional de los propios internos", dijo la autoridad.
Y añadió que "si bien la oferta educacional constituye un factor altamente valorado, tanto por la población penal como por la propia institución, persisten aspectos culturales respecto a la presión social ante aquella población que ejerce acciones de tipo prosocial".
Educación Superior: Más de mil rindieron la PSU
A fines del año pasado, en tanto, 1.192 internos rindieron la PSU: 104 mujeres y 1.088 a hombres, es decir, menos de la mitad de quienes terminaron cuarto medio rindió el test.
Una de las razones que explica la autoridad de Gendarmería para la baja es que "la continuidad en el nivel superior se suele posponer por necesidades de reinserción laboral" por lo que los reclusos prefieren optar a capacitaciones en oficios que les permitan una inserción laboral más pronta con posibilidad de generación de recursos económicos al corto plazo.
Sólo un interno se ha titulado en educación superior
Para este año, siete internos lograron matricularse -tras rendir la PSU- en alguna de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh). El año pasado, en tanto, 134 internos cursaron su educación superior, ya sea en Ues o planteles técnicos.
Pese a las cifras, hasta ahora existe registro sólo de un recluso que logró titularse durante el periodo en que cumplía condena. En 2010, Rodrigo Rojas logró egresar de la carrera de Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica de DUOC UC, en Valparaíso, mientras cumplía condena.
Con todo, Arévalo afirmó que la institución se encuentra en un proceso de implementación de un modelo para intervenir la población penal condenada, con el fin de disminuir la reincidencia delictual. "Uno de los principales derechos humanos es el acceso a la educación (...) estamos convencidos que por esta vía y la del trabajo se abren puertas hacia la reinserción social y por consiguiente a la seguridad de nuestro país", remarcó Arévalo.
"Es más caro tener a una persona recluida que libre. Hay que potenciar la educación"
Miguel ángel Fernández, investigador del Centro de Políticas Públicas de la U. del Desarrollo, sostuvo que "hay varios puntos en los cuales el acceso a educación contribuye a que un individuo no vaya a reincidir: "permitiría acceder a mejores oportunidades de trabajo, se sienten más incorporados al sistema y, por otro lado, está comprobado que tiene un efecto sicológico para los individuos y eso hace también una presión moral".
Sobre el contexto de estudiar al interior de las cárceles, el experto dijo que "el escenario no es el más óptimo, por el efecto de que hay falta de recursos básicos, hacinamiento, etc., pero además un efecto de pares: no es lo mismo estudiar en libertad que estar con puros reclusos. Aún así, las políticas públicas son muy efectivas y así lo dice la evidencia internacional".
"Estudios de la Fundación Rand, de EE.UU., establecen que la probabilidad de que un individuo pueda reincidir tras acceder a estudios estando privado de libertad disminuye en un 20%", precisó.
Con todo, Fernández señaló que "es más caro tener a una persona privada de libertad que libre (...) la política pública debería enfocarse en profundizar el acceso y la ciudadanía, que puede ser algo reacia al tema, entender que todas las personas merecen una segunda oportunidad", concluyó.
