El contralor, Jorge Bermúdez.
Alex Moreno, El Mercurio
SANTIAGO.- El 17 de febrero, la Contraloría General de la República decidió llevar a cabo un sumario a la Dirección Administrativa de la Presidencia, mismo día que el ministro de Interior, Jorge Burgos, anunciaba la renuncia del director del organismo, Cristián Riquelme. El contralor Jorge Bermúdez habló por primera vez de su decisión con
El Mercurio.
Contraloría, explicó Bermúdez, debía "responder de manera eficiente el requerimiento que nos realizan, por un lado los ciudadanos, pero también los parlamentarios".
Argumentó que la ley orgánica del Congreso Nacional los obliga a responder prontamente a este llamado, y al ser la situación de Riquelme un "asunto público y notorio (...) decidí ejercer directamente la facultad y no una investigación o una auditoría, sino que realizar directamente un sumario", expresó el contralor.
Esto, debido a que el sumario administrativo se llevó a cabo sin una investigación previa como suele suceder en otros casos.
Esta acción se lleva a cabo por las contrataciones directas y con empresas relacionadas de la repartición, en especial por la vinculación de Riquelme con empresas que generaron contratos con la red de salud del Estado.
La decisión de llevar a cabo el sumario fue un elemento clave en la salida del administrador de La Moneda.
El sumario
Bermúdez aseguró que la ley establece un plazo de 90 días para investigar y que "los funcionarios están todos obligados a declarar y a comparecer ante la fiscal. Sin embargo, (...) respecto a los ministros de Estado no existe esa facultad, sino que el ministro simplemente por una buena práctica podría él prestar su declaración".
Refiriéndose a su decisión de comunicar sobre esto al ministro Burgos, el contralor comentó que "cuando hay una actuación de tanta trascendencia, lo mínimo que uno puede hacer por una cuestión de deferencia con la Presidencia es ponerlo al tanto de que se ha tomado esa decisión".
