SANTIAGO.- "He resuelto renunciar a la militancia en mi partido para volver a postular a ella sólo cuando los tribunales de justicia acrediten que no he cometido delito alguno".
Así se defendió ayer Pablo Longueira tras
anunciar su salida de la UDI, gatillada por una serie de antecedentes que maneja la Fiscalía respecto a su presunta vinculación con delitos tributarios que se persiguen en el denominado caso SQM y por supuestos actos de cohecho cuando éste se desempeñaba como senador de la República.
Su vinculación al caso -que ya suma una veintena de personas formalizadas- comenzó en enero de 2015 cuando el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo -formalizado por delitos tributarios y soborno- reveló en una grabación un supuesto pago en efectivo por cerca de 150 millones de pesos al ahora ex militante UDI.
Esto fue reconocido por el dueño del holding, Carlos Alberto Délano, quien en su declaración aseguró que se entregaron dineros a Longueira como aporte a su candidatura.
En abril del mismo año, Katherine Bischop -la secretaria del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse- agregó un nuevo antecedente al asegurar ante la fiscalía que al menos seis políticos, entre ellos el ex ministro de Economía, habrían sostenido reuniones en oficinas de la minera.
Luego, en agosto de 2015, su hijo José Tomás Longueira Brinkmann fue notificado por el Ministerio Público para que declarara respecto a supuestos aportes de la minera no metálica a campañas políticas, específicamente por una boleta de cuatro millones de pesos que él mismo suscribió, lo que fue denunciado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Tres meses después, la Fiscalía despachó una citación en calidad de imputado para el ex senador UDI por una serie de boletas presuntamente falsas emitidas a la minera no metálica por su entorno. Ésta se concretó en enero pasado, instancia en la que Longueira se acogió a su derecho a guardar silencio.
Días después, se conoció un intercambio de correos entre el ex parlamentario y Contesse durante el periodo en el que se discutía un nuevo proyecto de royalty minero.
En ellos, se intercambiaban opiniones -entre otras cosas- sobre la discusión de un royalty para la gran minería, lo que daba cuenta del nivel de influencia de SQM en la discusión legislativa.
