SANTIAGO.- La Fiscalía Metropolitana Occidente anunció este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no perseverar en la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, quien fue sindicada por uno de los querellantes del caso Tsunami, como una de las responsables de la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
En la instancia, el fiscal José Luis Pérez Calaf argumentó que no existen antecedentes que vinculen a la Mandataria con la tragedia que dejó 105 personas fallecidas, en la zona centro-sur del país.
Asimismo, solicitó un nuevo día y hora para discutir los acuerdos a los que llegó con las defensas de las seis personas que figuran como acusados, porque aún faltan 17 víctimas que sean notificadas de la audiencia.
Lo anterior, sin embargo, ha sido desestimado por el resto de los querellantes presentes en la sala, quienes han exigido que la audiencia se realice hoy debido a que varios de ellos debieron viajar a Santiago desde regiones.
La solicitud deberá ser resuelta por la jueza Carolina Gajardo, luego de escuchar los argumentos de todos los intervinientes en la causa.
Se esperaba que en la audiencia de hoy la Fiscalía Metropolitana Occidente ofreciera a las defensas de los seis acusados una salida alternativa al juicio oral, la que había sido previamente conversada durante las últimas semanas.
De concretarse los acuerdos, la causa que persigue presuntas responsabilidades penales podría finalizar luego de casi seis años de investigación.
De realizarse la audiencia, el fiscal regional José Luis Pérez Calaf ofrecerá al ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch, el pago de $80 millones a cambio de la suspensión del proceso en su contra.
La ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández, podría optar al mismo beneficio si acepta cancelar $40 millones.
En tanto, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, deberá desembolsar $5 millones para concretar la misma salida alternativa, mientras que los tres marinos encausados -el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez, y el ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina- también podrán optar a una suspensión condicional del procedimiento a cambio de una compensación económica que alcanza los $40 millones.
Parte de los dineros se destinarán a la realización de un seminario que aborde un Plan de Emergencia y un Sistema de Protección Civil que permita evitar una tragedia similar.
