Héctor Aravena, El Mercurio
SANTIAGO.- Con la presencia de representantes de diversas fuerzas políticas, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó este lunes las leyes para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización.
Las medidas son parte de la agenda de probidad y transparencia impulsada por el Gobierno, la cual surgió tras las recomendaciones de la comisión Engel.
Al respecto, Bachelet comentó que "estamos fijando nuevas reglas para nuestra democracia, estamos haciendo lo necesario para que la democracia sea un espacio de juego limpio. No queremos para Chile una política que se hace a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada con el dinero".
"Lo que Chile merece es una política que se hace de frente, que no tiene nada que esconder, que se somete al escrutinio público, a la sana competencia y la transparencia, una política que se construye a partir de ideas y no de eslóganes (...) una política cuyo único norte es la libertad y la paz de las personas", sostuvo la Mandataria.
Asimismo, indicó que estas leyes "establecen un conjunto de medidas que imponen obligaciones, límites muy precisos a la actividad partidaria y electoral, entre otros aspectos, transparentando y democratizando la vida interna de los partidos, eliminando definitivamente el poder del dinero del financiamiento electoral".
Con ello, explicó que las empresas ya no podrán financiar campañas electorales, con sanciones para quienes cometan delitos (como la pérdida de escaño) y con campañas más " austeras".
"Es cierto que la confianza de los ciudadanos no se recupera por arte de magia, será un proceso complejo, de largo aliento, pero lo enfrentamos con la mayor decisión y con las herramientas apropiadas. Leyes como las que promulgamos hoy van en el camino correcto para ese propósito, estamos dejando el poder del dinero fuera de la política", recalcó.
Detalle de las leyes
La ley de Fortalecimiento de la Democracia (ver detalles
aquí) tiene como objetivo separar la influencia del dinero de la política, generar un nuevo marco de transparencia en el financiamiento de las campañas y determina una regulación más estricta por parte del Servicio Electoral (Servel), a la vez que obligará al refichaje de los partidos en un plazo de 12 meses una vez promulgada la ley.
La norma también fija un aumento del aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas electorales de 0,01 a 0,02 UF por votos obtenidos en la última elección. Y se incrementa el aporte que los candidatos reciben por concepto de reembolso de gastos electorales al término de las campañas, de 0,03 a 0,04 UF por voto obtenido.
El periodo de la campaña presidencial aumentará además a 200 días anteriores al día de la elección definitiva. En ese tiempo, los aspirantes a La Moneda podrán percibir los aportes de personas naturales y se aplicará como límite al gasto electoral el 10% de lo permitido para elección presidencial.
Respecto a las sanciones incorporadas, el proyecto establece que podrán perder su cargo aquellos representantes que cometan infracciones graves a la legislación sobre el control y gasto electoral.
Con ello, se rebaja el límite de gasto electoral en un 50%, con excepción de las elecciones municipales donde se mantuvo el límite vigente debido a su bajo monto.
Por su parte, con la nueva Ley de Partidos Políticos las colectividades se convertirán en entidades jurídicas de derecho público y promoverán la participación ciudadana, en especial de mujeres y jóvenes.
Además, se establecerán nuevas reglas para quienes quieran crear colectividades y altos estándares en materia de transparencia interna.
La legislación además garantiza cuotas de género, fomentando la participación femenina con un porcentaje mínimo de participación de 60/40 en órganos directivos.
Si bien se respetará la autonomía de los partidos para establecer los mecanismos que estimen convenientes para elegir a sus directivas, de manera directa o indirecta, no obstante, en este último caso, los órganos intermedios que designen sus mesas deberán ser elegidos de forma directa por los militantes.
Además,se disminuyen los requisitos para constituir nuevos referentes políticos, desde el 0,5% del electorado al 0,25%, en tres regiones contiguas u ocho discontinuas, siempre y cuando dicho porcentaje del electorado en cada región fuese superior a 500 electores.
Para que las colectividades puedan subsistir, deberán elegir cuatro parlamentarios u obtener el 5% de los votos en cada una de las regiones donde tengan candidatos.
