La abogada Catherine Lathrop representa a un grupo de víctimas en la causa.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Los querellantes del caso por presuntas estafas piramidales cometidas por la empresa AC Inversions, presentaron este viernes una serie de recursos para frenar la orden del juez del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, respecto a designar a un procurador común que represente a todos los afectados.
Lo anterior, porque según consideró el magistrado, la causa tiene una gran cantidad de querellantes que ya suman 1.442, y que son patrocinados por 46 abogados.
Por ello, ordenó el martes 12 de abril la unión de todos los intervinientes en un plazo máximo de 15 días.
El dictamen del juez, sin embargo, fue rechazado por los querellantes, quienes alegan que existen intereses contrapuestos entre todos los recurrentes.
Tal es el caso de la abogada Catherine Lathrop, quien enfatizó a Emol que la resolución del tribunal "supone restringir la libertad de las víctimas de elegir su propia representación y del ejercicio libre y autónomo de sus derechos garantizados constitucionalmente, propio de un estado de derecho democrático".
"Aceptar su aplicación implica vulnerar normas legales, principios constitucionales y el sentido mismo del sistema acusatorio que reemplazó al sistema inquisitivo del antiguo código de procedimiento penal. Es, sin duda, un retroceso para nuestro sistema procesal penal", dijo categórica.
Asimismo, insistió en que si se acepta la resolución del juez Escobar "nos aleja de un proceso penal que está llamado a ser inclusivo, público y contradictorio"
Por último, solicitó que se dé traslado al Ministerio Publico "para que en su rol de velar por los derechos de las víctimas, se pronuncie".
La investigación penal está en manos de los fiscales de delitos de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y hasta ahora, han sido formalizados el dueño de la empresa, Patricio Santos, y sus socios Rodolfo Dubó y Camilo Cruz.
Todos permanecen en prisión preventiva tras ser imputados por estafas reiteradas, lavado de dinero e infracción a la ley de Bancos.
