SANTIAGO.- Tras el rechazo en la Cámara del control preventivo de identidad y las sanciones por filtración de datos de indagatorias, ambas contenidas en el proyecto de agenda corta antidelincuencia, los diputados oficialistas hicieron un llamado al Gobierno a retomar el diálogo y a definir una posición respecto del tema.
El parlamentario socialista Leonardo Soto fue uno de los más críticos con el Gobierno y aseguró que las indicaciones rechazadas fueron las propuestas por la oposición.
"Los elementos de este proyecto de ley que han sido rechazados, han sido introducidos en el Parlamento, pero no por la Nueva Mayoría, sino que por la oposición. Este es un proyecto al que se le fueron colgando varias indicaciones que dañan nuestra democracia, a las personas y hoy día lo que quedó claro es que la Cámara en su mayoría quiere el proyecto original y no las indicaciones de los parlamentarios de la derecha", manifestó.
Asimismo, llamó al ministro del Interior, Jorge Burgos, a conversar y lo acusó de equivocarse por intentar aprobar las normas con apoyo de los parlamentarios opositores.
"El ministerio del Interior se ha equivocado en esto, porque ha querido seguir en este proyecto con un apoyo en estas indicaciones, de la derecha, y hoy día la coalición gobernante se unió en torno a rechazarlo, por lo tanto lo que tiene que hacer el ministro del Interior es abrirse, dejar este diálogo de sordos y conversar entre todos cómo resolvemos este impasse", sostuvo.
Quien también fue crítico con el Ejecutivo fue el jefe de bancada de los diputados socialistas, Juan Luis Castro, quien también anunció que su partido irá al Tribunal Constitucional si se aprueban las normas.
"Aquí se ha dado una sorpresa. Se creía que se tenían los votos para aprobar el control preventivo, no se abrieron a negociar y a conversar, y finalmente hemos triunfado quienes creemos que el control preventivo, como está definido es nocivo para la población y atenta contra las libertades individuales. Lo mismo en el juicio por omisión, lo mismo en relación al daño sin lesiones y lo mismo entorno a la ley mordaza".
En ese sentido, el parlamentario agregó que "esta definición va a ser muy estrecha en la comisión mixta y nosotros como socialistas, lo reiteramos, vamos a ir a Tribunal Constitucional, si se volvieran a revertir la ley mordaza, el control preventivo o los daños sin lesiones. Estamos dispuestos a llegar a ese órgano, pero lo que le pedimos al Gobierno es que se defina".
"Es la coalición que sustenta al Gobierno la que le está pidiendo que reflexione y cambie su criterio sobre estos temas, por lo tanto esperamos ser escuchados, porque la verdad es que no se puede gobernar sin la coalición detrás, que hoy está dando una señal fuerte y clara de lo que quiere en materia de agenda antidelincuencia", afirmó.
Por su parte la diputada comunista Karol Cariola, se mostró conforme con el rechazo de las indicaciones, las que a su juicio son dañinas para la democracia.
"En gran medida por los votos que Amplitud aportó en esta determinación es que logramos echar abajo esta indicación que nos parecía tremendamente compleja, dañina para nuestra democracia, arbitraria e injusta como era el control preventivo de identidad. Así que decir que estamos conformes", expresó.
Esa línea, dijo que esperaba que ambas indicaciones sean rechazadas también en la comisión mixta y que no se repongan "en ningún caso estas medidas que ya han sido rechazadas y votadas en contra en la Cámara de Diputados (…) que nos parecían complejos e injustos, y que por lo demás apuntaban a crear un estado policial".
