Patricio Rosende será quien deba desembolsar el mayor monto si se confirma la suspensión del proceso en su contra.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Durante la jornada de este lunes se están llevando a cabo los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago respecto al recurso presentado por los querellantes del denominado caso Tsunami, que busca revocar el fallo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que aceptó suspender el proceso que pesaba en contra de los seis acusados por la fallida alerta de maremoto la madrugada del 27-F.
En la instancia, los afectados insisten en llevar a juicio oral a las autoridades que fueron formalizadas por cuasidelito de homicidio, en el marco de las indagatorias que inició la fiscal regional Occidente de entonces, Solange Huerta.
"Hoy tenemos un Ministerio Público y una juez de primera instancia que les resultó irrelevante desde el punto de vista penal, la muerte de 104 compatriotas", dijo el abogado querellante Raúl Meza tras argumentar las razones por las cuales se debe invalidar el dictamen que aprobó la salida alternativa al juicio oral.
"El acuerdo no se condice con el sistema penal acusatorio y esperemos que ese control de mérito lo tome en cuenta la Corte de Apelaciones", agregó por su parte el querellante Carlos Fairlie, mientras que el abogado Alfredo Morgado -también recurrente en el caso- enfatizó que "no puede suspenderse condicionalmente el procedimiento" ya que "esto tiene que terminar a través de un juicio oral, público y controvertido que permita establecer responsabilidades, culpabilidades y certezas jurídicas".
El fiscal regional José Luis Pérez Calaf, en tanto, defendió el acuerdo alcanzado con las defensas, recalcando que ello se ajusta a derecho.
Posibles escenarios
Una vez terminadas las exposiciones, la Undécima sala del tribunal de alzada deberá resolver si confirma o no el dictamen de primera instancia que incluye el pago total de $245 millones por parte de los acusados, $235 millones de los cuales serán repartidos entre los afectados.
Los $10 millones restantes, según se estipuló, serán utilizados para financiar la realización de un seminario de Protección Civil.
Si lo hace, entonces el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia Mario Andina, podrán ser sobreseídos definitivamente en un plazo de 18 meses si cumplen todos los requisitos establecidos.
Sin embargo, si el tribunal rechaza suspender el proceso, los acusados podrían enfrentar un juicio oral, arriesgando ser condenados por cuasidelito de homicidio respecto de las personas fallecidas durante la fatídica madrugada del 27 de febrero de 2010.
