SANTIAGO.- El Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar $1.840.000 a 74 familiares de 21 víctimas fallecidas tras la fallida alerta de maremoto luego el megasismo que azotó la zona centro sur del país la madrugada del 27-F.
Según estableció el juez Pedro García Muñoz en su fallo, los montos fluctúan entre $7.500.000 y $30.000.000 serán destinados a familiares de fallecidos y a quienes resultaron con lesiones en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.
De acuerdo a la resolución, tanto la Onemi como el SHOA tuvieron responsabilidad en la tragedia al incumplir con los protocolos establecidos.
Según detalló, el primero debió haber decretado Alerta Roja luego de haber recibido la alerta de maremoto por parte de la Armada, enfatizando que no es posible establecer que la información que se disponía en ese minuto era precaria o confusa.
"Por una parte, se tenía la propia alerta de tsunami transmitida al C.A.T., y por otra, se tenía como respaldo el primer boletín del Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que alertaba de un posible tsunami en las costs chilenas, recibido en la sala SNAM a las 03:48 horas, documento que había sido remitido por el PTWC a las 06:46, hora internacional, 03:46 hora de Chile", agrega el fallo.
Y enfatiza que con dichos antecedentes la Onemi debió haber emitido Alerta Roja y haberla comunicado a quienes por protocolo estaba obligada, entre ellos, a Carabineros apostados en la zona afectada.
"Todo ello con la finalidad de impedir la pérdida de vidas humanas y bienes, lo que en definitiva no hizo", siendo ello una gravísima infracción a sus deberes legales.
Asimismo, establece que si SHOA y la Onemi hubieran cumplido con las obligaciones que les impone la Ley, las víctimas podrían haberse salvado, lo que se traduce como falta de servicio por parte del Estado de Chile.
Además, enfatiza que los hechos ocurridos esa madrugada y la serie de errores cometidos, demuestran negligencia en el actuar a las autoridades de ese entonces.
Arista penal
La resolución en la causa civil se tramita de manera paralela a la arista penal por las presuntas responsabilidades que le caben a los seis acusados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, a quienes se les atribuyó participación en actos que tienen relación con cuasidelito de homicidio.
En ella, si bien el Ministerio Público llegó a la convicción respecto a la omisión de protocolos, aceptó zanjar una salida alternativa al juicio oral a cambio del pago total de $245 millones, $235 millones de los cuales serán repartidos entre los afectados, y otros $10 millones que serán utilizados para financiar la realización de un seminario de Protección Civil.
Lo anterior debe ser confirmado por la Corte de Apelaciones que mañana dará a conocer el dictamen.
De esta manera, si se acepta la suspensión condicional del procedimiento, entonces el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia Mario Andina, podrán ser sobreseídos definitivamente en un plazo de 18 meses si cumplen todos los requisitos establecidos.
