SANTIAGO.- “La facultad de establecer estas medidas de libertad condicional están entregadas a una comisión en la que el Ejecutivo no participa”. De esta forma, el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, recalcó que el Ejecutivo no tuvo ninguna injerencia en la polémica liberación condicional de cerca de 1.800 reos.
Al respecto, el vocero de La Moneda insistió en que desde el Gobierno existe preocupación por la forma en que se decretó la medida. “Hay un dialogo entre la ministra de Justicia y las autoridades del Poder Judicial para efectos de expresar nuestra inquietud y también ver qué sigue de aquello”, indicó.
“Tanto ellos como nosotros compartimos la preocupación que tienen los ciudadanos por mejorar las condiciones de seguridad pública y desde esa perspectiva vamos a trabajar estrechamente con el Poder Judicial, como lo hemos hecho también con otras instituciones, por ir mejorando los estándares de trabajo en ese ámbito”, añadió.
Consultado sobre si existe una falla en el sistema, Díaz respondió que “yo no diría que es una falla, es como está establecido el sistema por ley. Había un informe de Gendarmería y luego hay una comisión que resuelve estas cosas, así lo establecimos en la ley dictada por el 2012 o 2013”.
En esa línea, destacó la medida establecida en dicha iniciativa de sacar al Ejecutivo de esa comisión, “precisamente para que la decisión fuese en base al mérito de los antecedentes que surgen del proceso de evaluación y no a una injerencia de orden político”.
“Siempre es bueno restar el riesgo, de que estas decisiones que tienen que tomarse en consideración de los antecedentes de cada una de las personas privadas de libertad se tomen a partir de esos antecedentes y no por consideración política, creo que eso es sano”, enfatizó.
“En su momento este fue un debate hace varios años, yo recuerdo incluso haber sido diputado en los tiempos en que se votó, que lo que se hizo fue sacar al seremi de Justicia de la comisión que resuelve estos beneficios, para que no hubiese injerencia del Gobierno en la decisión sobre beneficios carcelarios”, argumentó.
