SANTIAGO.- Si bien era un tema ampliamente conocido a nivel nacional, fue el incendio en la cárcel de San Miguel, que terminó con 81 reos muertos, lo que encendió efectivamente las alarmas sobre la sobrepoblación en los recintos penales del país.
Tras esa tragedia, el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera impulsó una norma con la finalidad de otorgar el beneficio de libertad condicional a reos que hayan cumplido el 50% de su pena y sean aprobados por la Comisión de Libertad Condicional del Poder Judicial, en conjunto con Gendarmería.
El proyecto presentado el 10 de marzo de 2011 tenía como objetivo introducir modificaciones al régimen que hasta esa época se mantenía en torno a este beneficio y establecer una pena de prestación de servicios a la comunidad, como alternativa a la prisión, en el caso de que el delito tenga que ser reparado con una multa.
Una de las principales modificaciones que se realizó a la norma fue el retiro de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi) de Justicia de la decisión de otorgar el beneficio.
Lo anterior, debido a que una vez que pasaba por la comisión del Poder Judicial, el listado era entregado a los seremis de la cartera, los que finalmente decidía a quién liberar y a quién no.
En la presentación de la norma al Congreso Nacional, el texto señalaba que "esta intervención unilateral y decisoria de los Secretarios Ministeriales de Justicia en la concreción de este derecho, se ha traducido con el tiempo en una reducción considerable del número de condenados que finalmente acceden a este tratamiento penal especial".
De acuerdo al proyecto, lo anterior provocaba dudas en cuanto a la objetividad de estas autoridades de turno a la hora de adoptar la decisión.
Salida de seremis en texto enviado al Congreso:
"Resulta fundamental que la decisión sobre su concesión se guíe por criterios eminentemente técnicos".
A juicio de los creadores de la iniciativa, el otorgamiento de la libertad condicional "resulta clave para propiciar un buen comportamiento intrapenitenciario y fomentar la rehabilitación y reinserción de los condenados".
"De este modo, resulta fundamental que la decisión sobre su concesión se guíe por criterios eminentemente técnicos vinculados con la pertinencia de un tratamiento extramuros para el condenado. De ahí, que resulte del todo apropiado que esa decisión quede radicada en las Comisiones de Libertad Condicional, dada su composición y criterios que las rigen, prescindiéndose de la intervención ulterior discrecional de los Secretarios Ministeriales de Justicia", añadía el documento.
Incremento considerable
La norma se aprobó en el año 2012, luego de pasar todo el proceso en el Parlamento, lo que redundó en un aumento significativo de la cantidad de presos que accedieron al beneficio.
En el
Compendio Estadístico de Gendarmería, confeccionado en el año 2014, revela este aumento considerable de la cantidad de internos que salieron con libertad condicional desde las cárceles del país.
En efecto, el informe de la institución penitenciaria muestra que en el año en que se produjo el incendio de la cárcel de San Miguel, un total de 795 presos salieron con libertad condicional.
Al año siguiente –en que se comenzó a tramitar la norma que rige hoy en día- la cifra subió a 1.204, siendo la región de O'Higgins en la que más reclusos fueron liberados con 234.
El número aumentó a 2.276 personas condenadas en el año siguiente, en que se aprobó la norma. En esa oportunidad fueron las cárceles de la región del Biobío las que más reclusos liberaron con un total de 407, seguida de la Metropolitana con 398.
Mahmud Aleuy:
"Estamos proponiendo nuevas condiciones para restringir los beneficios que tienen los reos".
Sin embargo, fue esta última región en la que más presos recibieron el beneficio en el año 2013, cuando la norma que quitó a los seremis de Justicia como una de las autoridades involucradas en la decisión ya estaba en pleno funcionamiento, con 1.271.
Ese año el total de reclusos beneficiados se disparó, llegando a los 3.561 en todo el país, mientras que en 2014 la cifra fue similar, alcanzando 3.352 reos.
Cambios a la norma
Hoy existe gran revuelo porque unos 1.800 reos salieron en libertad a nivel nacional, luego de pasar la Comisión de Libertad Condicional del Poder Judicial bajo el argumento de evitar el hacinamiento en las cárceles, lo que ha sido ampliamente criticado por el Gobierno y parlamentarios.
De hecho este martes, el subsecretario del Interior y Seguridad Pública Mahmud Aleuy, explicó que una de las indicaciones que tiene la agenda corta antidelincuencia es que en vez de la mitad de la pena, el recluso que postule al beneficio debe cumplir dos tercios de ella.
"Nosotros estamos proponiendo nuevas condiciones para restringir los beneficios que tienen los reos", afirmó.
