BRASILIA.- La justicia federal brasileña condenó hoy a 23 años y tres meses prisión al ex ministro José Dirceu, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y uno de los hombres más influyentes durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La sentencia fue dictada en primera instancia por el juez Sergio Moro, responsable por la investigación de las irregularidades en la estatal Petrobras, quien lo halló culpable de corrupción pasiva y activa y lavado de dinero.
Dirceu fue ministro de la Presidencia de Lula entre 2003 y 2005, cargo en el que fue sucedido por la ahora Mandataria suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, tras ser obligado a renunciar en medio de un grave escándalo de sobornos parlamentarios por los que fue condenado a diez años y diez meses de prisión.
La sentencia contra Dirceu es la más dura dictada hasta ahora en el marco de la investigación sobre la corrupción en Petrobras, que salpican a medio centenar de políticos de todo el arco ideológico y a una veintena de las más importantes empresas del país.
Moro justificó su decisión en que Dirceu, aún después de haber sido condenado por los escándalos de 2005, se implicó en la trama de Petrobras y seguía recibiendo dinero de la corrupción aún mientras cumplía su primera condena.
De hecho, el ex ministro fue trasladado a prisión en agosto del año pasado desde su residencia de Brasilia, en la que permanecía cumpliendo su pena gracias a que se le había concedido el beneficio del arresto domiciliario.
Según la sentencia dictada por el juez Moro, ese hecho demuestra que en su caso "hay una culpabilidad agravada" y "perturbadora", ya que, entre otras cosas, se demostró que Dirceu continuaba recibiendo comisiones ilegales de la corrupción petrolera aún bajo arresto en su domicilio.
Moro también dice que se ha comprobado que "en el núcleo político de la organización criminal" que operó en Petrobras, Dirceu "ocupó un papel destacado" y fue "uno de los creadores del complejo esquema delictivo que implicó diversas estructuras del poder, tanto público como privado".
Según el Ministerio Público brasileño, el ex ministro es acusado de comprar bienes raíces y de aceptar sobornos a cambio de gestionar y facilitar contratos con la petrolera estatal en la Junta de Servicios del Estado, que estaba a su cargo.
