SANTIAGO.- Como si se tratara de un escenario obligado, este jueves el municipio comenzó a retirar el mobiliario urbano, basureros, semáforos y cuanto elemento pudiera servir de proyectil a algunos manifestantes, con el fin de disminuir los daños.
En estas faenas preventivas se gastan todos los años unos $90 millones, a los que se suman los daños que provocan vándalos a la propiedad pública y que el año pasado totalizaron otros $20 millones. "Eso es lo cuantificable, porque la totalidad de los daños es incalculable", acota el alcalde Jorge Castro, según consigna
El Mercurio.
Explica que el comercio debe cerrar sus puertas, como lo hace cada vez que hay una marcha: "Valparaíso pierde por todos lados, partiendo por su imagen. Es la única ciudad patrimonial del país que con esto se muestra al mundo como violenta y peligrosa. El 21 de mayo siempre fue un día en que llegaba mucha gente de otras ciudades a Valparaíso, y las familias porteñas salían para ver el desfile y luego se copaban los restaurantes. Hoy es un día de temor, con todo el comercio del plan cerrado".
Según el presidente de la Cámara Regional de Comercio y la Producción, Pier Paolo Zacarelli, "el derecho a manifestarse debe ser respetado, pero al igual que el derecho al libre tránsito, la seguridad y el libre emprendimiento de las personas".
El dirigente empresarial enfatiza que el sector rechaza tajantemente "que bajo el pretexto de la expresión ciudadana se agredan los derechos de las personas, y especialmente si estos hechos son reiterados".
Aunque no hay cálculos sobre las pérdidas que representa para el comercio la necesidad de cerrar, la Cámara de Comercio de Valparaíso señala que son millonarias, especialmente si se suman los daños por ataques y saqueos. A modo de ejemplo, el año pasado, una automotora ubicada en Chacabuco con Rodríguez sufrió pérdidas por unos $100 millones, luego que una turba quebrara vidrios y dañara oficinas y vehículos nuevos.
Para mañana está prevista una marcha que encabezarán estudiantes, pescadores y funcionarios del sector público. La movilización cuenta con permiso para un desplazamiento entre Bellavista y el Parque Italia.
"Todos sabemos lo que va a pasar", sentencia Castro, quien asegura que los acontecimientos ya son habituales, casi como un guión: Carabineros detiene a algunos manifestantes que luego quedan libres y se interponen querellas que, como todos los años, no tienen resultado alguno.
"Ese es un castigo para Valparaíso, del que nadie se hace responsable. Los que autorizan la marcha dicen 'después hablamos', y los organizadores señalan que son exaltados ajenos a la protesta", expresa.
Frente a esto, el gobernador de Valparaíso, Jorge Dip, afirma que es difícil compatibilizar el derecho de los manifestantes con el de los demás, y que por eso se disponen trazados para que las marchas se realicen.
