SANTIAGO.- La Municipalidad de Valparaíso pedirá aclarar si se derivan responsabilidades penales entre los convocantes a la marcha y las autoridades que finalmente la autorizaron, al desatender el informe de factibilidad enviado por Carabineros cuatro días antes del 21 de mayo y que recomendaba no autorizar esa actividad "por no reunir las condiciones mínimas de seguridad".
Así lo señaló la fiscal municipal Jeanette Bruna, tras conocer el contenido del informe al cual tuvo acceso "
El Mercurio" y que señalaba que los organizadores del evento no habían presentado informes de impacto vial ni de prevención de riesgos, no contaban con ambulancias ni habían realizado coordinaciones con servicios de emergencia para atender cualquier requerimiento de urgencia que pudiera surgir.
"Ello demuestra que tanto las organizaciones sociales que solicitaron la autorización como la Gobernación Provincial tenían claro conocimiento de los riesgos involucrados, y de cuya constatación Carabineros prefiere ser cauto y no recomendar", dijo.
"Estimamos que esto puede llegar a configurar una responsabilidad culposa en los delitos en que nos querellaremos", agregó, al referirse a la acción legal que la mañana de hoy presentará el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, contra los participantes de los saqueos e incendios que terminaron con un fallecido.
"Esto es sin perjuicio de la responsabilidad civil indemnizatoria que pueda derivarse de haber desatendido estas advertencias que el equipo técnico (de la gobernación) hace al adoptar una decisión política", sostuvo Bruna.
Los informes fueron evacuados por Carabineros tras analizar las solicitudes realizadas por la CUT, Anef, federaciones de trabajadores de la enseñanza y otras agrupaciones.
"Se recomienda NO (sic) autorizar la citada actividad por no reunir las condiciones mínimas de seguridad. Además, la realización de la citada marcha y acto público finaliza en graves desórdenes y daños tanto a la propiedad pública y privada", señala el documento firmado por el prefecto de Carabineros de Valparaíso, coronel Fernando López.
El informe hace notar que los recursos policiales estarán altamente demandados por la cuenta pública presidencial programada para ese día en el Congreso Nacional y por la ceremonia de conmemoración del Combate Naval de Iquique en plaza Sotomayor.
Y alerta sobre la posible participación de grupos antisistémicos y anarquistas en agresiones a autoridades o familiares de participantes en dichos actos.
Ayer, el intendente regional Gabriel Aldoney señaló que el informe es una recomendación que, para efectos de planificación, solo considera factores relativos al tránsito vehicular y desplazamiento de personas.
"El 99,9% de dichos informes son negativos y recomiendan no autorizar el desarrollo de la actividad de que se trate. Dado lo anterior, no es una herramienta legal que permita a la autoridad denegar el evento. De lo contrario, no podrían realizarse en Valparaíso actividades culturales masivas, maratones, desfiles cívicos militares y manifestaciones pacíficas", argumentó.
El presidente del Consejo Ciudadano —una de las entidades convocantes—, José González, sostuvo que en la reunión de coordinación previa con las autoridades solo se discutió el trazado que tendría la marcha. Otra de las convocantes, la ecologista Rosa Martínez, apuntó que las prevenciones viales y de seguridad quedaron a cargo de las autoridades: "La marcha fue normal. Sorprende el actuar de Carabineros. Una vez que los destrozos ya estaban hechos se dedicó a tirar lacrimógenas y no antes. La propia Anef los llamaba sin resultado para que actuara ante la gente que rompía cortinas comerciales".
