SANTIAGO.- El fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, se mostró satisfecho este lunes tras lograr las primeras condenas en el caso CNA por irregularidades en el proceso de acreditación en las universidades, sin embargo, volvió a criticar las bajas penas establecidas para los delitos de corrupción e instó a endurecerlas.
"Las penas del cohecho son muy bajas, la Fiscalía Nacional, permanentemente, ha efectuado en las cuentas públicas un reclamo y un llamado a que las penalidades se aumenten porque son extraordinariamente bajas", dijo tras zanjarse los procedimientos abreviados contra el ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y contra el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz.
"A partir del mes de febrero del año 2015, la Ley de Lavado de Dinero cambió y se estableció que la pena máxima que podía tener un delito de este tipo, era aquella que tenía -a su vez- el delito base, de tal manera que la situación actual es que tanto el delito de soborno o cohecho, como el delito de lavado de dinero, tienen penas que son bastante menores que no se condicen -creemos- con la gravedad que tienen estos hechos", dijo categórico.
Y recalcó que "el reclamo, o más bien, el llamado de atención que hace la fiscalía en su momento, es a que estas penas deben aumentarse, no es razonable que en el caso de conductas de este tipo, en que se soborne a funcionarios públicos importantes, las penas partan en 61 días de presidio".
Sin embargo, afirmó que en el denominado caso CNA -en el cual sólo el ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, irá a juicio oral- el Ministerio Público está "satisfecho", ya que el tribunal "estableció como cierto todos estos hechos, que son bastante graves y que implican que se sobornó a un funcionario público en el proceso de obtención de acreditaciones para diversas universidades".
"Eso, además del significado de este proceso penal ha implicado una serie de modificaciones también en otras normativas, especialmente en el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación que creemos siempre son efectos reflejos positivos de una investigación penal", enfatizó, puntualizando que tras cuatro años de indagatorias, se logró establecer "como una verdad judicial que en los procesos de acreditación universitaria, respecto a algunas universidades, hubo pagos indebidos a un funcionario público, y a partir de esa conducta, actos de lavado de dineros".
Este lunes, los acusados Díaz y Zúñiga aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía para lograr una salida alternativa al juicio oral. De esta manera, en caso que el tribunal confirme la pretensión del Ministerio Público, el primero sería sentenciado a 5 años de libertad vigilada mientras que el segundo, a 3 años y 1 un día.
Asimismo, en la instancia se acordó la suspensión condicional del procedimiento del rector de la Universidad SEK, José Enrique Schroder, a cambio de firmar mensualmente por un año y donar 102 libros y 22 revistas a un colegio de escasos recursos.