Abogado Pedro Anguita, doctor en Derecho a la Información.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- La presentación de una querella por injurias en contra del director, el subdirector y dos periodistas de un medio de comunicación por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, generó una serie de debates en el ámbito legal.
Ello, porque se puso sobre la mesa la discusión respecto a si procede o no la acción penal que persigue limpiar la honra de la Mandataria, quien fue vinculada en el denominado caso Caval -donde su nuera Natalia Compagnon tiene calidad de imputada- en una publicación difundida por la revista Qué Pasa.
A juicio del doctor en Derecho de la Información, abogado Pedro Anguita, la acción penal ingresada ayer ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, no se condice con el discurso de la jefa de Estado respecto a la libertad de expresión, enfatizando que "si la Presidenta cree en el derecho a la información, tiene que resistir con entereza y ser tolerante a informaciones que la puedan afectar".
Según aseguró en conversación con Emol, la decisión de Bachelet de querellarse en contra semanario, "fue desacertada", argumentando que "desde que comenzó el nuevo proceso penal en el país, han existido filtraciones, declaraciones de testigos e imputados, que también ocurrían en el antiguo proceso penal".
"Tales prácticas se han incrementados desde que se inició la investigación por los delitos asociados al financiamiento ilegal de la política con el caso Penta, las que ha sido publicadas por medios de comunicación de todas las tendencias y orientaciones ideológicas", agregó, detallando que el libelo de la jefa de Estado es la primera querella por una filtración.
"La UDI, que periódicamente reclamaba por tales prácticas, soportó con cierta entereza y nunca dedujo una acción penal", continuó, mencionando que esa -quizás- era la conducta que debió adoptar la Mandataria. "El precio de desempañar el cargo de mayor responsabilidad del país tiene costos, y ese es el de tolerar la crítica política y las también las imputaciones de un imputado en un juicio donde su nuera posee también dicha tal calidad", recalcó.
Por ello, afirma que "la decisión de la Presidenta también podría tener un efecto sobre los medios de comunicación, afectando la libertad de expresión y de información, pues podría inhibirlos -sobre todo a los más pequeños- de investigar y difundir noticias relacionadas con el caso Caval, deteriorando el debate público nacional y la deliberación colectiva".
"Delitos contra el honor son difíciles de probar"
En la misma línea, Anguita insiste en que "no debemos olvidar que en el nuevo Código Procesal Penal, existe un grado de convicción muy exigente, pues un tribunal penal solo puede condenar por un delito, en los casos que haya adquirido -más allá de toda duda razonable-, la convicción de que realmente se cometió el hecho punible, y que en él, hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley".
"Este convencimiento, en los delitos contra el honor, son difíciles de probar, en especial en las acciones dirigidas contra periodistas", afirmó.
Y puntualizó: "El ejercicio de acciones penales por la defensa de la honra, en especial cuando los accionantes son funcionarios públicos -como la Presidenta de la República- ha sido rechazado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso, se ha consagrado que la libertad de expresión constituye la piedra angular de una sociedad democrática, siendo ésta una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada".
Hoy, en tanto, la querella de Bachelet fue acogida a trámite por el tribunal de garantía, que a su vez solicitó a la revista Qué Pasa la copia íntegra de la publicación que fue difundida a través de su sitio en internet, y su versión impresa.
