SANTIAGO.- La fiscal especializada en delitos económicos, Ximena Chong, expuso este jueves ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago que la información reunida durante la investigación del denominado caso Corpesca, establecen que el desaforado senador Jaime Orpis habría incurrido en delitos de fraude al fisco cuyo monto alcanza las 3.372 UTM, es decir, $153.874.476.
Según detalló ante la jueza Daniela Guerrero, estos actos fueron cometidos entre año 2009 hasta marzo de 2015, es decir, incluso hasta dos años después de la renuncia del ex gerente general de la pesquera, Francisco Mujica -también imputado en la causa- en 2013, tras conocerse la investigación periodística que vincula al directivo con la ex diputada Marta Isasi,
hoy formalizada por cohecho y delitos tributarios.
Dicho antecedentes es parte de los argumentos que el Ministerio Público presenta a esta hora para fundamentar su solicitud de prisión preventiva para el parlamentario, quien también enfrenta cargos por cohecho y delitos tributarios.
El Ministerio Público, además, le atribuye al legislador haber infringido los deberes propios de su cargo al aceptar pagos de Corpesca como incentivo por actuar en el Senado en beneficio de la compañía, recibiendo un total de $233 millones de parte de la firma, los que habrían sido divididos en pagos mensuales que bordeaban los $4 millones.
Para justificarlos, también obtuvo boletas de otros profesionales cercanos a él, por servicios jurídicos, de arquitectura y asesorías que no fueron realizados.
Así, habría facilitado 76 boletas de honorarios ideológicamente falsas a la pesquera, las que fueron incorporadas en los registros contables de la compañía reconocidos como gastos, lo que permitió a la empresa, además, rebajar impuestos.
Se espera que durante esta tarde la defensa del legislador -encabezada por los abogados Sergio Rodríguez y Carlos Cortés- exponga sus argumentos para rechazar la medida solicitada por la Fiscalía, fundamentando -entre otros puntos- que su representado no incurrió en actos de cohecho, ya que la votación a las indicaciones de la Ley de Pesca que realizó, se debió a un acuerdo político entre la Alianza y la DC.
