Fiscal Nacional Jorge Abbott, presidió el lanzamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El fiscal nacional Jorge Abbott, criticó este lunes los alcances del proyecto de ley que sanciona los delitos de colusión, que se está tramitando en el Congreso Nacional, el que hasta ahora entrega el ejercicio de la acción penal en forma exclusiva al Fiscal Nacional Económico.
A juicio del jefe persecutor, lo anterior es un error, pues éste es un funcionario que pertenece a la administración central del Estado.
"Nos parece que si se requiere que el delito de colusión sea sancionado y que va a ser castigado con penas que llegan hasta los diez años, es importante que el ejercicio de la acción penal le corresponda al órgano constitucional encargado de hacer investigación y persecución penal, o sea el Ministerio Público", dijo enfático.
Abbott, añadió que su institución había llegado a un acuerdo con el ministerio de Economía y el Fiscal Nacional Económico que "una vez establecida la existencia de un cartel o de un acuerdo destinado a generar el fenómeno de la colusión, éstos antecedente deban necesariamente pasar a sede criminal para establecer la existencia del delito".
"Si eso queda como resorte exclusivo de la voluntad de parte del Fiscal nacional Económico, pensamos que ésta va a ser una legislación absolutamente incompleta y en definitiva no va a haber una persecución de un ilícito tan grave", enfatizó.
Asimismo, anunció que el órgano persecutor hizo presente a ante las comisiones de Economía de la Cámara baja y Constitución del Senado, "la absoluta inconveniencia de esta forma de iniciar la investigación penal".
Esto porque a su juicio no garantiza el reproche penal, "porque queda a decisión de un funcionario por sí y ante sí el ejercicio de la persecución penal y eso nos parece que no se condice con el resto del sistema".
También recordó que el Ministerio Público no tiene esa facultad respecto de ningún delito.
"En consecuencia no entendemos la razón por la cual el delito que tiene una penalidad que llega hasta los 10 años puede quedar de resorte exclusivo de la administración central", añadió.
Por último, el máximo persecutor dijo que espera que el Congreso Nacional "pueda cambiar estas disposiciones en los términos en que está actualmente redactada y se establezca como cualquier otro delito que la facultad para iniciar la investigación, una vez dictaminado por el Tribunal de la Libre Competencia la existencia de un cartel o de un acuerdo para perjudicar a los consumidores, eso pueda ser perseguido por el Ministerio Público, sin la necesidad de una denuncia o una querella por parte de la Fiscalía Nacional Económica".
