SANTIAGO.- Doscientas páginas contiene el informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de Personas con Discapacidad que fue entregado este martes a la Presidenta Michelle Bachelet, el cual hace un severo análisis sobre las condiciones de vida que el Estado ofrece a los cerca de dos millones de chilenos que forman parte de ese grupo.
De partida, el documento advierte que la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como ley en Chile no ha podido ser efectiva como lo exige el organismo, "porque no lo interpreta en su totalidad y no se ha implementado con los reglamentos respectivos", reza el texto.
En esa línea, el informe subraya que "se mantienen legislaciones aberrantes que conculcan los derechos de las personas con discapacidad, principalmente en la autonomía de sus decisiones, en el aislamiento contra su voluntad del resto de la sociedad, en abusos legalmente permitidos, en barreras en la accesibilidad".
Por ello, la comisión realizó una serie de propuestas para mejorar la situación, marcando diez como prioritarias.
Primera Medida: Cambio Constitucional
Introducir en la Carta Fundamental una cláusula general de no discriminación, para dar reconocimiento constitucional a las personas en situación de discapacidad y abolir la interdicción, reemplazándola con la figura de sustitución de voluntad. Para ello, pide convocar un comité de expertos para definir los detalles de estos cambios constitucionales.
Segunda Medida: Prohibir la esterilización forzosa
Prohibir cualquier intervención de salud de carácter permanente sin el consentimiento informado de la persona en situación de discapacidad, a menos que sea para salvar su vida. En particular, prohibir de manera absoluta la esterilización forzosa, porque constituiría actos de tortura y tratos inhumanos o degradantes.
Tercera Medida: Reformular el Programa Nacional de Cuidados
Se propone un Sistema Nacional de Apoyos que realice acciones coordinadas para personas en situación de discapacidad y sus familias. El sistema deberá integrar acciones a nivel central y territorial, considerando el nivel de apoyo que necesitan, respetando la etapa de su ciclo vital, género, etnia y los factores socio-territoriales.
Cuarta Medida: Mejorar accesibilidad
Desarrollar un Plan Nacional de Accesibilidad Universal que involucre a todos los ministerios y que aborde las áreas de información y tecnologías de la comunicación, tales como lengua de señas, subtítulos, audiodescripción, braille y otras, transporte público e infraestructura para disminuir barreras urbanísticas, arquitectónicas y naturales para la plena inclusión.
Quinta Medida: Apoyo a los niños
Para garantizar la igualdad de oportunidades, el Estado asegurará mediante una subvención, la atención temprana universal para todos los niños y niñas de 0 a 6 años en situación de discapacidad. Recibirán subvención aquellas entidades públicas o privadas que presten atenciones no sólo sanitarias, sino biopsicosociales a niños con discapacidad.
Sexta Medida: Aportes basales para educación
Entregar aportes basales a todos los establecimientos que reciban subvención del Estado para garantizar el derecho a la educación. Asimismo, la superintendencia de educación sancionará a aquellos establecimientos públicos o privados que discriminen marginando de la provisión de educación por razón de discapacidad.
Séptima Medida: Inclusión como indicador de calidad
Establecer la inclusión de personas con discapacidad como indicador de calidad educativa en todos los instrumentos que dispone el sistema para medir la calidad: sistema de evaluación docente, estándares de desempeño de las escuelas, indicadores de acreditación técnico, profesional y universitaria, y en las acciones de perfeccionamiento docente y directivo.
Octava Medida: Ley de cuotas
Establecer reserva legal de empleo para personas discapacitadas de al menos 5%, tanto en el sector público como privado, acompañado de incentivos tributarios asociados a ajustes razonables, entre ellos particularmente el empleo con apoyo y subvenciones a la contratación de personas con discapacidad como medida de acción afirmativa.
Novena Medida: Nueva ley de Salud Mental
Crear una nueva ley de Salud Mental, que reemplace la Ley N°18.600 y el párrafo 8 de Discapacidad Mental de la Ley N°20.584, y regule la relación de las personas con discapacidad de tipo mental con la justicia, asegure al menos el 5% de recursos del presupuesto de Salud para este ítem y establezca una red de servicios comunitario.
Décima Medida: Pensión solidaria
Establecer una pensión a la cual tengan derecho todas las personas, independiente del origen de la discapacidad, basada en los apoyos que requiera. El Estado debe dar respuesta a los mayores costos de vida que enfrentan, poniendo fin a la discriminación que genera el subsidio sólo en los casos de discapacidad de origen mental en menores de 18 años. 
