SANTIAGO.- Controlar la corrupción y fiscalizar de manera adecuada los gastos públicos son algunas de las principales misiones que Jorge Bermúdez ha asumido desde que la Presidenta Michelle Bachelet -con el acuerdo unánime del Senado- lo designó como contralor General de la República por el próximo periodo de ocho años.
Una de las primeras decisiones tomadas por el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que llamó la atención no sólo en el mundo político, sino también en la ciudadanía, fue el sumario iniciado contra La Moneda, en particular al ex administrador del Palacio de Gobierno, Cristian Riquelme ingresado en febrero de este año.
"(El sumario) es una decisión directa que yo tomé. Tenemos esa facultad y aunque normalmente hacemos primero una auditoría y después el sumario, podemos hacerlo directamente y lo instruí. Creo que fue una muy buena manifestación de independencia", destaca el contralor en entrevista con El Mercurio.
Bermúdez creció y estudió en Valparaíso, para luego realizar sus estudios de posgrado en Alemania, país del que no sólo se trajo sus diplomas, sino además la admiración por la jurisprudencia que existe en la zona. Actualmente en el cargo, llegó luego de ocho meses de vacancia tras la salida de su antecesor Ramiro Mendoza, sobre el que tiene muy buena opinión.
"Hay un antes y un después de Mendoza en la Contraloría", puntualiza el abogado. "Marcó un punto de inflexión en la modernización y visibilidad que hoy tiene frente a la ciudadanía, a la administración y al Gobierno".
Para este contralor sus facultades son importantes; y la tarea que debe cumplir con ellas, indispensable. "Hoy la ciudadanía demanda que la Contraloría ejerza efectivamente su rol; exige más transparencia, probidad, buen uso de recursos públicos", explica en la conversación con el diario nacional. El organismo tiene "facultades muy poderosas, no podemos auditar ni fiscalizar todo, pero facultades sí tenemos. Incluso tenemos algunas que no se han utilizado históricamente, como querellarnos directamente en resguardo del patrimonio público".
"Si queremos que la Contraloría luche contra la corrupción, debemos hacerlo en todas las canchas y con todas nuestras facultades", sostiene Bermúdez
Esta situación, que el abogado define como "una enfermedad crónica controlada" asegura que puede ser fiscalizada por los funcionarios de la Contraloría, sin embargo, destaca que es necesario una mayor cantidad de personal para realizar las labores necesarias. "Necesitamos cerca de 300 funcionarios para poder revisar a cada servicio público al menos una vez en tres años".
Bermúdez también se refiere a la solicitud de devolver la estabilidad al presupuesto de la institución que establecía la ley orgánica constitucional existente, "porque la mejor forma de ahogar el control es quitándole el presupuesto. En el mundo desarrollado, el Congreso fija directamente el presupuesto, y en el nuestro, ha ido disminuyendo mientras los recursos que fiscalizar han crecido. También, nuestras facultades y exigencias".
De cara a las próximas elecciones municipales
Este domingo se celebran las elecciones primarias en diversas comunas del país y en octubre próximo todos los candidatos estarán en campaña para los cargos públicos. Una de las labores que debe manejar la Contraloría en este escenario es la existencia de irregularidades monetarias en las carreras políticas.
Ante aquel escenario Bermúdez explica que "sacamos un instructivo de presidencia para los funcionarios, que comprende su jornada laboral y el uso de los recursos públicos; también para las elecciones primarias de hoy. Se refiere a redes sociales, sitios de internet, publicidad, porque siempre hay recovecos, creatividad".
"Es difícil que la Contraloría pueda anticiparse a ese tipo de situaciones (como el caso Caval), confío más en funcionarios públicos bien formados y bien pagados", comenta el contralor y añade que "no nos podemos dar el lujo de tener municipios tan precarios".
Respecto a la fiscalización que es posible realizar a estas entidades, Bermúdez sostiene que "con la nueva ley de declaraciones de patrimonio e intereses, podremos acceder a toda las bases de los servicios públicos y podremos cruzar datos de cerca de 14 mil funcionarios. Será un disuasivo importante".
