SANTIAGO.- El senador desaforado Jaime Orpis (ex UDI) se encuentra en el Anexo Cárcel Capitán Yáber cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva dictaminada por la Novena Sala del Tribunal de Alzada el pasado jueves en el marco del juicio en contra del parlamentario por su delitos tributarios y cohecho en el caso Corpesca.
Su abogado, Carlos Cortés, conversó con El Mercurio respecto a la decisión tomada por los magistrados que dejaron privado de libertad de Orpis durante la investigación del caso. En una primera instancia, el pasado 6 de junio, el Cuarto Juzgado de Garantía había decidido como medida cautelar sólo arresto domiciliario para Orpis, sin embargo, tras la apelación de los querellantes, una segunda revisión lo dejó con la medida actual.
Cortés cataloga la situación como "extraña, sorprendente, injusto, desproporcionado e incensario que a uno de los ciudadanos se le trate de forma distinta que al resto".
"Creo que existe una relación entre los órganos del Estado, hay una severidad particular a un sector político. Existe una motivación especial para perseguir a personas de cierta tendencia política", lamenta el abogado Cortés y añade que "Es una situación que lamentablemente se está verificando. A mí no me gusta, porque al final el Ministerio Público es una institución que uno tiene que cuidar".
Respecto a la severidad de la medida, el representante de Orpis destaca que esto es "un castigo gravoso, que es utilizado como señal, para una persona que en definitiva no va a tener ni siquiera una pena de cumplimiento efectivo".
Además, Cortés es enfático al comparar la situación del ex UDI con otros casos de los que "prefiero no dar nombres", pero destaca que existen "30 situaciones iguales o peor que esta", en la que no se han aplicado este tipo de medidas.
"Lo que a mí me preocupa es la injusticia en relación a situaciones homólogas, porque aquí hay entes persecutores, pero también está el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado. Ambos, más el Ministerio Público, son el Estado. Y al final es el Estado de Chile el que tiene que tener una política homogénea respecto a sus ciudadanos".
El abogado lamenta que actualmente la fiscalía está actuando "como un querellante más" y señala que "si va a actuar así, que lo sincere, a fin de que los jueces sepan que su interés es ese. Escudarse en una apariencia de objetividad puede ser peligroso para los derechos de los ciudadanos. Si esto sigue así, terminaremos con muchos inocentes privados de libertad".
En la misma línea, Cortés destaca que "los magistrados no conocen la carpeta de investigación, y por tradición, tienden a creerle más al Ministerio Público que a la defensa".
"Lamentablemente, y en particular en este caso, (la fiscalía) ha abusado de ese crédito, lo que lleva a los jueces a fallar con esa información parcial. Eso es muy preocupante".
