SANTIAGO.- En un inicio, la investigación penal por el uso del jet privado que Marco Enríquez-Ominami utilizó durante su campaña presidencial —de propiedad de la firma brasileña TAP y que fue arrendado por la empresa OAS— se abrió por eventuales delitos tributarios e infracciones a la Ley Electoral, señala "
El Mercurio".
Sin embargo, luego de que el ex director internacional de OAS, Augusto Uzeda, afirmara que existió un "arreglo" entre el ex candidato presidencial y la empresa en el que hubo una donación de campaña, se generó un giro en el caso y ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría hacerse parte.
"Yo no sé por qué Marco Enríquez no habla con los periodistas de una manera clara y transparente sobre el arreglo que hubo con nosotros. Si OAS hizo una donación para Marco Enríquez por una amistad personal, me parece un tema tan banal, tan menor, que no entiendo por qué no lo transparentó. Por qué no habló con la verdad: 'Me prestaron un avión por dos o tres meses'", había dicho el empresario a La Tercera.
El Ministerio Público buscará obtener su testimonio, y el de otros ejecutivos de la firma, y para ello se tramitará vía Unidad de Cooperación Internacional un requerimiento en el que se le solicite declarar en Chile, de manera presencial.
Lo clave de sus dichos es que el ejecutivo brasileño —quien trabajó en la firma que hoy es indagada por corrupción en Brasil— asegura que el traspaso del jet fue una donación.
Sin embargo, el ex candidato, en entrevista con Radio Agricultura, dijo en marzo pasado que "el avión lo pagamos nosotros" y reconoció que podría haber existido una desprolijidad en la rendición de cuentas ante el Servel.
Lo que no es controvertido por el PRO es que el pago del avión se declaró ante el Servicio Electoral a través de dos facturas por $170.800.000 de la empresa Cono Sur Research, de la cual es dueño Cristián Warner, su ex jefe de campaña investigado en el caso SQM.
Entonces, la investigación se abocará ahora a esclarecer si puede existir en estos actos una maniobra de defraudación al fisco.
¿Por qué? Debido a que si el uso del jet fue a través de una donación, es decir gratis, el que Enríquez-Ominami lo declarara como un gasto electoral efectivo a través de facturas que serían ideológicamente falsas, el reembolso de dineros que recibió por parte del fisco no le correspondería y por ende se podría configurar un fraude a las arcas fiscales.
Alerta en el CDE
El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, luego de conocerse estos nuevos antecedentes, aseguró ayer a "El Mercurio" que podrían entrar al caso.
"El Ministerio Público lleva una investigación en esta materia y es importante precisar que eventuales delitos tributarios o infracciones electorales no son competencia del CDE", explicó.
Y acto seguido advirtió que "sin embargo, de acreditarse que servicios reembolsados como gastos electorales fueron en realidad una donación, se hace inevitable indagar una eventual defraudación fiscal".
La fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, indaga el caso. Los otros eventuales delitos que se analizan en torno al uso de este jet para la campaña van desde una infracción electoral (ya prescrita) por eventual omisión de gastos; delitos tributarios (por infracción a la Ley de Donaciones) y por eventuales facturas falsas.
