SANTIAGO.- El Ministerio de Justicia ordenó revisar la política de remuneraciones y asignación de bonos en los últimos 10 años en Gendarmería, en otra de las medidas orientadas a investigar cómo se generaron las abultadas pensiones en el caso de algunos directivos y funcionarios, hecho que derivó en la petición de renuncia al director de la institución, Tulio Arce.
Así lo reveló la propia ministra Javiera Blanco a los senadores de la Democracia Cristiana, que concurrieron hasta el ministerio a respaldarla frente a la interpelación que le formulará la oposición en la Cámara de Diputados y a las peticiones de renuncia surgidas desde Chile Vamos y desde algunos gremios del funcionarios del servicio penitenciario, a quienes no gustó la remoción de Arce, según consigna
"El Mercurio".
En la reunión con los parlamentarios DC, Blanco transmitió que tenía "convicción" en que las medidas que había adoptado eran las correctas. "Voy a destapar todas las ollas que no se han destapado en 20 años", les dijo.
Blanco les informó, según dos presentes en la cita, que había encargado un informe estadístico sobre casos de influencia de bonos por gestión crítica y por metas de gestión durante los últimos 10 años, lo que incluye el primer gobierno de Bachelet, el de Piñera y este período.
Hoy, a las 11:00 horas, el Ministerio de Justicia presentará al nuevo director y anunciará una batería de medidas de emergencia para Gendarmería.
Ministerio Público
La información requerida por el ministerio se sumará a otras dos investigaciones que se efectúan en distintos planos.
El Ministerio Público designó a la fiscal de alta complejidad de la regional Centro Norte, Tania Sironvalle, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía acogiera a trámite una querella por presunto fraude al fisco en contra de la ex subdirectora Myriam Olate, quien se retiró del servicio con 21 años y una pensión de 5,2 millones de pesos.
Y ayer, en los primeros pasos de dicha indagatoria, la Brigada de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones llegó hasta Gendarmería para requerir información pedida por la fiscalía.
La misma decisión fue adoptada por el Ministerio Público respecto de la Contraloría y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), que es la entidad que calcula las pensiones de los gendarmes.
Además, la Contraloría también efectúa un sumario administrativo respecto de la toma de razón de las abultadas pensiones, que podría abarcar una década.
CDE vio el tema en comité penal
Quien también está siguiendo con atención el caso es el Consejo de Defensa del Estado, que ayer lo trató en su comité penal, aunque no adoptó ninguna resolución, a la espera de antecedentes pedidos a Contraloría.
Su presidente, Juan Ignacio Piña -quien fuera también subsecretario de Justicia-, dijo que "tuvimos ya una reunión con la Contraloría, que está haciendo un levantamiento del universo de casos donde se dan pensiones de esta envergadura. Todas las instituciones, tanto el Ministerio Público como la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, están revisando los antecedentes".
Para el abogado, lo siguiente es "analizar cada uno de los casos, pues la información que ha salido a la luz parece mostrar una maquinación que permite abultar el cálculo de la pensión diseñada estratégicamente".
El presidente del CDE dijo que de comprobarse lo anterior, podría ser constitutivo de fraude al fisco.
