SANTIAGO.- Una declaración judicial de la ministra de Justicia Javiera Blanco, es una de las primeras diligencias que solicitan los diputados de la UDI, en la querella que presentaron esta mañana por las irregularidades conocidas en las reparticiones que pertenecen a esa cartera, en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
El parlamentario Gustavo Hasbún, quien entregó el escrito en el tribunal junto a abogados de la Fundación Jaime Guzmán, explicó a Emol que se solicita que se indaguen posibles casos de "fraude al fisco, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, nepotismo y clientelismo".
La idea es que se realice una indagación en Gendarmería, Servicio Nacional de Menores (Sename), Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) "y también de acuerdo a las últimas declaraciones de Nelly Díaz, en relación a la contratación de operadores políticos al interior del Registro Civil".
"La acción legal es contra todos los que resulten responsables, haciendo alusión a los casos de corrupción que se han sabido últimamente y en base a las declaraciones de los dirigentes que han dado conocer pruebas que refutan lo que ha dado a conocer la propia ministra, respecto de que no tenía conocimiento de contratos ni de las cosas que estaban pasando en las reparticiones de su propia cartera", manifestó.
Respecto de un eventual interrogatorio a Blanco, Hasbún explicó que se solicitó esa diligencia como una de las primeras "porque creemos que ella es la primera responsable".
En ese sentido, reiteró que su tienda política está analizando una acusación constitucional contra la secretaria de Estado y que si ésta decide renunciar a su cargo, ello no detendrá la querella ni la interpelación en su contra.
El diputado agregó que con esta querella, los parlamentarios de su colectividad esperan que "se pueda resolver el grado de responsabilidad de todas las personas que de una u otra forma han utilizado de mal forma y transformado al Ministerio de Justicia en una bolsa de trabajo de los partidos de la Nueva Mayoría y terminar con este botín, en que se están repartiendo los recursos del ministerio con favores políticos a militantes de izquierda", añadió.
Asimismo, en entrevista con CNN Chile, criticó la designación de Jaime Flores como nuevo director nacional de Gendarmería, de quien dijo que no tiene el conocimiento ni la experiencia necesarios para dirigir a la institución penitenciaria.
"Nos parece impresentable. Esto demuestra una vez más que el cuoteo político del Gobierno de la Presidenta Bachelet es el primer requisito para tomar decisiones de nombramiento de ciertos cargos de jefatura y quiere cuidar ese botín a través de esta bolsa de trabajo que han generado", finalizó.
Declaración de Tulio Arce
Por su parte el abogado Máximo Pavez, de la Fundación Jaime Guzmán, explicó que junto con Blanco, también se solicita en la acción legal que declare el ex director nacional de Gendarmería, Tulio Arce.
"Estamos pidiendo diligencias que signifique citar a declarar al ex director de Gendarmería y que se hagan llegar todas las contrataciones y fundamentos de las contrataciones de honorarios y licencias médicas de los últimos tres años", sostuvo.
Pavez añadió que lo anterior es importante para determinar de qué manera "se puede estar eventualmente defraudando a fisco y a través de ello a todos los chilenos".
