SANTIAGO.- La Asociación Nacional de Fiscales rechazó enérgicamente la situación que vivieron los persecutores Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, en una audiencia por el caso Luchsinger-Mackay, en donde imputados los increparon, lo fue calificado como una "forma de amedrentamiento" por el presidente de la Asociación, Claudio Uribe.
Los imputados les exigieron que entregasen pruebas que forman parte de la investigación que se está llevando en ese caso, al igual que los familiares que se encontraban en la sala de audiencia. Terminando la situación con el desalojo total de la sala.
"No quisiera imaginar qué habría pasado si Gendarmería no hubiese logrado controlar el incidente, pues a todas luces, la seguridad e integridad de los fiscales se vio seriamente en riesgo", afirma el dirigente.
Según Uribe, la presión a la que se vieron sometidos los persecutores fue alarmante y que "situaciones como esta, no deben ser aceptadas bajo ninguna circunstancia, en un país donde prima el Estado de Derecho".
Y consideró que así es imposible realizar la persecución penal, acotando que "los fiscales no podemos trabajar bajo esas condiciones, en donde vemos en peligro no sólo nuestra labor, sino que también, nuestra vida".
La Asociación de Fiscales ha denunciado permanentemente las graves falencias de seguridad que hay en los lugares en donde los persecutores realizan sus funciones y, aseguran, se han tomado algunas medidas de parte del Gobierno y también de la Institución.
"Son algunas medidas que sin duda son un punto de partida, pero corresponden a una serie de requerimientos relacionados con seguridad que necesitamos ahora y no podemos seguir esperando eternamente a que se estudien y luego sean implementadas o a que tengamos que lamentar una desgracia para que se pongan en práctica", afirmó Uribe.
En ese sentido, los fiscales hicieron un llamado a las autoridades para acelerar la implementación de medidas de seguridad más fuertes para los persecutores. El dirigente gremial destacó el compromiso de sus colegas en su función, pues muchas veces, asegura, "hay fiscales que han continuado ejerciendo la persecución penal, aun cuando han sido amenazados de muerte o han sido víctimas de una agresión".
"Los fiscales no trabajamos mirando un color político o la procedencia de una persona. Las investigaciones que llevamos a cabo son serias y el pensar que algún persecutor pueda actuar de una u otra forma en base a pensamientos ajenos al marco legal", concluyó Uribe.
