Mariola Guerrero, El Mercurio
SANTIAGO.- El fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió remover al persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias, del caso Corpesca y además ordenó un sumario administrativo en su contra por presuntamente haber infringido la reserva de la investigación -cuya dirección estaba a su cargo hasta hoy- al haber entregado antecedentes de la causa al diario La Tercera.
La decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público se sustenta en el énfasis normativo que ha introducido la Ley N 20.931, conocida como "Agenda Corta", que modificó el artículo 64 de dicha Ley Orgánica.
Esta señala que "los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el fiscal nacional".
Debido a lo anterior, Abbott resolvió reasignar la causa contra la pesquera -cuyo principal imputado es el desaforado senador Jaime Orpis- al fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, quien a partir de hoy dirigirá la indagatoria.
A través de un comunicado, la Fiscalía Nacional detalló que Arias habría infringido el deber de reserva que le impone el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público entregando, a través de la prensa, antecedentes de la causa a su cargo desde mayo pasado, actuando con escasa prudencia al hacer aseveraciones que exceden el ejercicio de su función.
Estas tienen relación con "cuestionamientos políticos al trabajo legislativo que nada se relacionan con la función que constitucionalmente se le ha asignado", concluyó el documento.
La investigación interna en contra de Arias fue asignada a su par de la zona metropolitana centro norte, Andrés Montes.
Las polémicas declaraciones
En la entrevista concedida el fin de semana, Arias hace una serie de aseveraciones que fueron duramente criticadas desde partidos como la UDI.
Señala que las aristas de su investigación podrían "involucrar a otras empresas -además de la del grupo Angelini- en casos de financiamiento irregular a la política".
Agrega que "La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción. Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz (...) Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el génesis de esta ley hubo corrupción". 
