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Asociación de fiscales rechaza remoción de Emiliano Arias del caso Corpesca

En una declaración pública, la organización que agrupa a los persecutores del país también condena la decisión del fiscal nacional de abrir un sumario contra el jefe regional de O'Higgins.

17 de Agosto de 2016 | 17:05 | Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- La Asociación Nacional de Fiscales rechazó este miércoles la remoción del fiscal regional de O'Higgins Emiliano Arias, del caso Corpesca, tras una entrevista a un medio capitalino durante el fin de semana.

La decisión fue adoptada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien la hizo pública a través de un comunicado en el que acusa a Arias de haber actuado con escasa prudencia y emitir juicios políticos.

A raíz de lo anterior, desde la entidad que agrupa a los persecutores del país señalaron en un comunicado emitido esta tarde que "nuestra asociación estima que la interpretación de la norma, no puede llegar al extremo de impedir a los fiscales regionales y adjuntos, emitir opiniones de carácter general y que no afectan a la investigación. Menos, es posible considerar una afectación a la normativa, cuando lo que manifiesta el fiscal son expresiones ya expuestas públicamente ante los tribunales de justicia".

Asimismo, el texto añade que "resulta particularmente grave que se tome esta medida, invocando el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, norma que fue modificada recientemente por la llamada Ley de Agenda Corta Antidelincuencia y que, mal interpretada, puede sólo emplearse para privar a la opinión pública de información relevante en casos de alto interés ciudadano".

"Esto refuerza las aprehensiones que hicimos saber en la tramitación legislativa de la 'Agenda Corta', porque, en definitiva, cuando investigaciones afecten a grupos de poder, se ha de valer la presente norma para conseguir mantener desinformada a la ciudadanía", sostiene.

La Asociación de Fiscales añade que si bien "el Ministerio Público es una institución jerarquizada, ello no debería implicar que el fiscal nacional utilice sus potestades para asignar y reasignar causas relevantes para el país, motivando dicha facultad no en mejorar el resultado de las investigaciones en curso, sino como una sanción en contra de un determinado fiscal, más aún, si en este caso en particular, no existe ningún reproche manifestado por el fiscal nacional respecto de la tramitación misma de la investigación a cargo del fiscal Arias o de sus resultados".

"Expresiones valorativas impropias"


En la declaración pública, los persecutores también condenaron el hecho de que el fiscal nacional haya instruido un sumario en contra de Arias.

"Nos parece más grave si se ha ordenado instruir un sumario en contra del fiscal Arias, en la medida que el fundamento para iniciarlo, son declaraciones de éste a un medio de comunicación social, que se aprecian, a simple lectura, como de carácter general, las cuales informan a la ciudadanía sobre el curso de una investigación relevante. En ese sentido, a lo que se apunta con la entrevista, es al deber de transparentar los procesos judiciales y que no afectan el honor, la honra o el principio de inocencia respecto de ninguna persona determinada", explica el escrito.

La entidad también abordó la acusación contra el persecutor de haber emitido juicios políticos y haber actuado con escasa prudencia, acusando a Abbott de emitir “expresiones valorativas impropias, para quien luego debe tomar una decisión final sobre ésta conducta que él mismo ordenó fueran investigadas, lo que pone de manifiesto la precariedad del proceso administrativo que actualmente existente en contra de los Fiscales.

En ese sentido, el gremio recordó que "muchas veces hemos denunciado la falta de garantías de un debido proceso cuando se investiga a los fiscales, cuestión que es paradójica, ya que son los fiscales los primeros que deben controlar el respeto de los derechos fundamentales de los imputados. Por lo mismo, no terminamos de comprender cómo es posible que llevemos más de una década con un sistema de responsabilidad administrativa de los fiscales que da nulas garantías de racionalidad y justicia".