SANTIAGO.- Los abogados defensores de los 11 imputados por el incendio que terminó en el doble homicidio del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian Mackay, en enero de 2013, pidieron al tribunal de Garantía de Temuco la reapertura de la investigación, que se cerró el miércoles pasado.
El antecedente fue revelado a Emol por Pablo Ardouin, jefe de la Defensoría Penal Mapuche (DPM) y que defiende al detenido José Peralino, quien confesó y entregó información a las policías y fiscalía, para el arresto de los supuestos implicados. Pero posteriormente él declaró en estrado haber sido presionado por el equipo investigador.
La solicitud fue realizada al juzgado el viernes pasado y de acuerdo a Ardouin, la idea es que se "realicen algunas diligencias pendientes que el Ministerio Público no autorizó".
"Pediremos al tribunal que ordene al fiscal (Alberto Chiffelle) realizar las diligencias que rechazó, negando así a la defensa pública el derecho a desvirtuar la prueba de cargo y producir prueba propia", expresó.
El profesional añadió que el tribunal recomendó al persecutor que indague las supuestas presiones denunciadas por Peralino, pero que la entidad "no ha realizado las diligencias que buscan investigar precisamente aquello".
"También solicitamos, por ejemplo, los tráficos de llamadas de los funcionarios policiales que hicieron el seguimiento de don José Peralino, para ver con qué frecuencia lo llamaban y saber si se puede demostrar así algún hostigamiento", añadió.
Asimismo, Ardouin pidió investigar si es que existen "sumarios o causas penales en contra de estos funcionarios policiales, que pudieran demostrar algún tipo de actuar que se reiterara en el tiempo en cuanto a la forma de abordar a los imputados y testigos de estas causas, lo que nos ha sido negado, con argumentos banales, que no se condicen con nuestra legislación procesal penal".
En ese sentido, el abogado es enfático en insistir en que las declaraciones del imputado se realizaron bajo presión y que ésta no puede ser suficiente para condenar y "enviar a prisión a nuestros representados".
"Respecto de la declaración ante las policías de don José Peralino, es importante señalar que el único lugar donde se declara bajo exhorto de decir la verdad es en el tribunal y no ante las policías o los fiscales. En este caso, ante el tribunal y con sus propias palabras, el señor Peralino explicó cómo fue presionado al momento de declarar y dijo que todo lo expresado previamente era mentira", afirmó.
El defensor penal público añadió que para su institución lo anterior "es la constatación" de que su declaración no es suficiente para acreditar su participación.
Ardouin también abordó la prueba de la georreferenciación de los teléfonos de algunos de los imputados que presentó la fiscalía, insistiendo en que tampoco son suficientes como prueba.
"Respecto de ello, hemos acreditado que existen varias inconsistencias que la fiscalía no tiene cómo explicar. Por ejemplo, según ese informe mi representado pudo haber estado el día de los hechos en la casa de la machi Francisca Linconao en una supuesta reunión, pero lo que no se ha dicho es que también pudo estar en su casa, porque ambos domicilios son cubiertos por la misma celda de esa antena", enfatiza.
Polémica por actuación de Manuela Royo
El jefe de la Defensoría Penal Mapuche también abordó la polémica que surgió a raíz de la actuación de la ahora ex defensora penal pública Manuela Royo, que terminó con su renuncia a la institución y hoy sigue en el caso como abogada particular y trabajando sin cobrar a sus representados.
- Usted criticó a la ahora defensora privada Manuela Royo por la forma en que dejó su institución. Usted dijo que no lo haría así. ¿Cómo lo habría hecho?
"Señalé que yo no renunciaría en audiencia. La forma de renuncia, mientras se realice cuidando las formalidades y el respeto, es una decisión personal".
- ¿Cree que el caso de la abogada Royo puede afectar el devenir de la causa, tanto en materia penal como comunicacional?
"No, ya que sigue pesando sobre el Ministerio Público la obligación de acreditar sus imputaciones, a partir de lo cual el tribunal deberá fallar en el marco de la ley".
- ¿Cree usted que la Defensoría debería crear un protocolo a partir de lo que ocurrió con Royo para evitar este tipo de situaciones?
"La Defensoría Penal Pública está en un proceso de mejora continua. En consecuencia, siempre trabajamos para perfeccionar nuestros procedimientos".
