SANTIAGO.- La Presidenta Michelle Bachelet destacó este lunes la importancia de la entrada en vigencia de la ley sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses, con la cual su Gobierno aspira a recuperar la confianza ciudadana tras la serie de casos de corrupción política ocurridos en el país.
Durante la ceremonia de lanzamiento de la iniciativa, la Mandataria reconoció que "sabemos que la confianza entre los ciudadanos, las autoridades y las instituciones está debilitada y que la ciudadanía exige más garantías por parte de quienes ejercemos cargos públicos".
"Hoy damos un paso importante en materia de generar estas garantías para nuestros compatriotas. Ellos han exigido a sus representantes más transparencia y poner coto a la corrupción y esta es nuestra respuesta", enfatizó la jefa de Estado.
En ese contexto, Bachelet recalcó que ahora existen "nuevas reglas del juego, severas, para quienes ejercen cargos de dirección pública y para la relación entre los negocios y la política".
La gobernante recalcó además que "hemos transitado un camino duro y laborioso para poner al día a nuestras instituciones y nuestro marco legal para situarlo a la altura de las exigencias de lo que la sociedad nos pide y reclama".
"Ya no se conforma la sociedad chilena con reglas o prácticas que hasta hace poco tal vez imperaban, ha sido difícil, pero imprescindible hacerlo. La trizadura profunda y riesgosa en la relación entre las élites y la ciudadanía nos obliga a todos a redibujar los mecanismos que nos permitan reconstruir la legitimidad y la confianza", añadió.
A la fecha, de la Agenda de Transparencia y Probidad en la Política y en los Negocios impulsada por el Gobierno se encuentran promulgados los proyectos de Gestión y profesionalización del personal municipal; Probidad en la Función Pública y Creación del plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales.
Además, el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia; el que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización y la reforma que establece cesación de cargos de parlamentarios, alcaldes, COREs y concejales por infracción a las normas sobre gasto electoral.
Finalmente, también está en vigencia la Reforma constitucional que reconoce autonomía al Servicio Electoral.
