SANTIAGO.- Llamadas telefónicas en que el interlocutor no responde y el haber sido fotografiado sin razón en la calle son parte de las posibles amenazas que el contralor Jorge Bermúdez ha sufrido en el último tiempo y que llevó al ministro del Interior, Mario Fernández, a denunciar este y otros hechos de funcionarios del organismo fiscalizador.
Según consigna
"El Mercurio", un alto funcionario policial fue el encargado de llevar desde La Moneda hasta la Fiscalía Nacional el 5 de agosto pasado el oficio en que el Gobierno daba cuenta de estos hechos a Jorge Abbott, quien dispuso de inmediato -por la gravedad y complejidad de los mismos- designar al fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, a cargo del caso.
Conocedores de la denuncia señalan que hay una serie de actos que han afectado a Bermúdez, y a otros directivos de Contraloría, que los hacen sospechar que los hostigamientos están vinculados al freno que la entidad les puso a las altas pensiones descubiertas en Gendarmería.
Cinco días después que la denuncia llegó a manos de Abbott, la Contraloría ordenaba invalidar once peticiones de jubilación, entre ellas la de Myriam Olate, ex esposa del diputado del PS Osvaldo Andrade, quien como ex subdirectora técnica percibía $5.214.799 de pensión.
Lo primero que hizo Montes, al tener conocimiento de la causa, fue dictar medidas de protección a favor del contralor y de los demás funcionarios afectados, además de tomarles declaración con el objeto de profundizar en los detalles de las amenazas.
El ministro de Interior supo de este tema, luego que el propio contralor le relatara mediante un documento una serie de llamados a su teléfono personal y que mientras caminaba por el centro junto a su jefa de gabinete, Dorothy Pérez, habían sido fotografiados.
Asimismo, se explicó que en Valparaíso se tramitaba una causa por violación de morada que sufrió Samy Mainemer, el ex jefe del área de beneficios previsionales y remuneratorios. Según esta causa penal -adjuntada a la que ahora tramita el fiscal Montes-, la casa de veraneo del alto ejecutivo de Contraloría había sido afectada por el ingreso de desconocidos, quienes rayaron sus paredes con frases amenazantes y que aludían al tema de las pensiones de Gendarmería.
A esto se suma que Camilo Mirosevic Verdugo, funcionario del ente fiscalizador, luego de una reunión que tuvo con la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, fue abordado por uno de ellos, quien le advirtió que eran personas peligrosas, con el propósito de que se cuidara de ellas.
Todas estas situaciones, según la denuncia que hizo el ministro Fernández, contextualizaban las amenazas en el rol de Contraloría con los análisis a las pensiones de Gendarmería, situación que es analizada por el fiscal Montes y su equipo.
Junto con las medidas de protección se busca, según fuentes del Ministerio Público, establecer si dichas amenazas tienen carácter de ser serias y verosímiles como lo exige la ley.
