El fiscal Sergio Moya, a cargo de esta causa, explicó que este presunto delito está dentro de las formalizaciones que ya ha hecho el Ministerio Público en contra de ambos socios de la empresa.
El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Los socios de Caval Limitada, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, deberán declarar ante la Fiscalía Regional de O'Higgins en las próximas semanas por los antecedentes de información privilegiada que el primero recibió desde la Municipalidad de Machalí, respecto de un eventual cambio de uso de suelo en los tres predios de 44 hectáreas que la empresa compró en $6.500 millones en esa comuna y que más tarde vendió en $9.500 millones.
Esto, luego que la Contraloría General de la República abriera un sumario administrativo al detectar diversas irregularidades en contrataciones y en el uso de información privilegiada que fue traspasada por dos funcionarios del municipio a Valero.
Al comparecer ante el Ministerio Público, según consigna
"El Mercurio", los socios de Caval deberán profundizar sobre los correos electrónicos recepcionados por Valero con antecedentes de un posible cambio de uso de suelo en los terrenos de la VI Región.
La cuarta declaración de la nuera de la Presidenta de la República aún no se ha concretado, pese a que es una diligencia que está pendiente desde hace tiempo en la causa, cuyo plazo de investigación concluye el 29 de enero de 2017. Compagnon debe entregar su testimonio respecto de varias aristas de la indagatoria.
No obstante, el Ministerio Público no ha formalizado investigación por el delito de información privilegiada, porque ya lo hizo por otros cargos que comprenden estos hechos. Así lo explicó el fiscal Sergio Moya, a cargo de esta causa. "La conducta de información privilegiada se encuentra descrita dentro de los hechos de la formalización que realizamos el 29 de enero pasado, cuando nos referimos concretamente a Jorge Silva Menares y a Cynthia Ross".
Agregó que "la conducta que ellos realizaron fue mucho más allá de la entrega de información privilegiada, que fue participar en la generación de gestiones para obtener el cambio de uso de suelo a cambio de dinero, y por eso formalizamos por cohecho".
Antes de que se cumpla el plazo restante, la fiscalía, además, deberá adoptar una decisión acerca de un eventual sobreseimiento de la denuncia por tráfico de influencia que interpusieron diputados de la oposición contra el hijo de la Presidenta de la República, Sebastián Dávalos, y el ex seremi de Vivienda de Rancagua Wilfredo Valdés. Hasta ahora, no han surgido antecedentes que los vinculen con este delito.
Gobierno se pronuncia
Ayer, La Moneda se refirió a los resultados del informe del ente fiscalizador. El vocero Marcelo Díaz afirmó que "son antecedentes que la Contraloría va a poner en manos de la fiscalía, por lo que son ellos a quienes corresponde hacer las verificaciones e indagaciones. Hay que dejar que la fiscalía haga su trabajo, y el Gobierno respeta escrupulosa y estrictamente las competencias del Ministerio Público".
En esta línea, el ministro enfatizó que al Ejecutivo "le interesa que se aclaren todos los temas que están sometidos a la consideración de los fiscales en los tribunales".
Mientras que para el querellante de la causa, Mario Zumelzu, el documento de la Contraloría viene "a desmentir una vez más a La Moneda. Recordemos que la versión del Gobierno, cuando se conoce el caso, fue la de decir que era un negocio legítimo, entre privados. Caval es un negocio ilícito, y con la participación de funcionarios públicos, ello una vez más se ratifica".
Asimismo, el abogado planteó que el informe "ratifica la existencia del cohecho y abre además la posibilidad de tipificar el delito de tráfico de influencias". Adelantó que solicitará diligencias y la formalización de Valero y Compagnon.
