El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El Ministerio Público solicitó audiencia para formalizar al ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, en el marco de la investigación por presunto financiamiento irregular de campañas políticas que se persiguen en el denominado caso SQM.
El requerimiento fue ingresado este jueves ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien dirige hace ocho meses la indagatoria.
De acuerdo al escrito, el Ministerio Público le comunicará a Enríquez-Ominami que es investigado por su presunta participación en delitos tributarios.
Específicamente, porque existen antecedentes suficientes, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, para establecer que las facturas que habrían sido emitidas a SQM por su ex jefe de campaña -Cristián Warner- a través de sus sociedades, y que fueron rectificadas por la minera, se utilizaron para financiar actividades políticas.
Warner, en tanto, será formalizado por los mismos hechos el próximo 19 de octubre, por lo que no se descarta que el tribunal agende para el mismo día la audiencia de comunicación de cargos contra el fundador del PRO, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su requerimiento.
Caso Jet
Paralelamente, Enríquez-Ominami es investigado por la fiscal centro Norte, Ximena Chong, por presuntas irregularidades en el uso de un jet privado durante su campaña presidencial en 2013.
Esto, porque de acuerdo a los antecedentes reunidos, el ex candidato presidencial habría declarado como gasto ante el Servicio Electoral (Servel), el uso de la nave de la firma brasileña TAP -que fue arrendado por la empresa OAS, indagada por corrupción en Brasil- en circunstancias en que le habría sido facilitada de manera gratuita.
De ser así, entonces podrían configurarse actos de fraude al fisco y delitos tributarios, ya que Enríquez-Ominami -tal como él mismo ha declarado públicamente- justificó los gastos del jet en dos facturas por un total de $59 millones, las cuales podrían tratarse de documentos ideológicamente falsos por servicios que no habrían sido efectivos por tratarse de una donación.
Estos documentos tributarios fueron emitidos a la sociedad Cono Sur Research Spa, de la que es representante legal Cristián Warner.