"Nadie puede pretender que quien fue nominado para aclarar y sancionar el escándalo del Registro Civil tenga como contraparte a su cliente directo", señala el diputado RN Nicolás Monckeberg.
Jonathan Mancilla, El Mercurio
SANTIAGO.- "El Gobierno debe aclarar si una vez más estamos frente a una improvisación o desprolijidad, o de frentón estaba en conocimiento de los vínculos del ministro Campos, y en consecuencia hubo mala fe", afirmó el diputado RN Nicolás Monckeberg, al conocer el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, Jaime Campos.
El recién asumido secretario de Estado, entre sus principales tareas, deberá enfrentar la crisis del Registro Civil —entidad que depende del Ministerio de Justicia—, detonada por los errores que provocaron en el padrón electoral los cambios de domicilio que afectaron a casi medio millón de personas.
Precisamente, es este objetivo el que genera las dudas en el parlamentario, ya que tal como afirma, el nuevo ministro Campos es socio del constitucionalista Francisco Zúñiga, en el estudio Zúñiga, Matus, Campos abogados desde 1994, el mismo que ha asesorado y representado a Morpho, empresa que desde 2013 provee de la plataforma tecnológica al sistema de identificación, señala
El Mercurio.
Es decir, es la compañía encargada del software de las cédulas de identidad y pasaporte, justamente tecnología que el propio Registro Civil reconoció que había ocasionado los errores en el padrón electoral.
Tal como se afirmó en un comunicado dado a conocer por el organismo el 7 de octubre pasado, para explicar las falencias en las que incurrió y que ocasionaron daños al padrón: "En el año 2013, el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) realizó un ajuste informático a la estructura de los datos de información que se remiten periódicamente al Servel, toda vez que hubo un cambio de proveedor externo en el ámbito de identificación. Dicho ajuste consistió en transitar de un parámetro lineal no estructurado, para el campo domicilio de nuestros sistemas, a uno normalizado, estructurado y obligatorio para el mencionado campo".
La empresa que hasta 2013 entregó el servicio era Sonda; posteriormente, pasó a ser Morpho.
Los nexos entre Zúñiga y Morpho se pueden advertir a través de dos vías. Primero, tal como se especifica en el registro de audiencias públicas en el portal de lobby, el 30 de marzo pasado, cuatro personas, entre ellas el constitucionalista, se identificaron como gestores de intereses en representación de la empresa francesa, para solicitar una audiencia con el director de Registro Civil, Luis Acevedo.
Además, el propio Zúñiga junto a Andrés Álvarez —quien también es parte del estudio que el constitucionalista comparte con el ministro Campos— oficiaron a la Contraloría en representación de Morpho, el 24 de agosto pasado. En el texto, los abogados piden un pronunciamiento respecto de la entrega de una base de datos que es solicitada por el SRCeI.
Para Monckeberg, "esta actuación es muy grave y debe ser aclarada por el Gobierno a la brevedad. Aquí hay un evidente conflicto de interés, pues nadie puede pretender que quien fue nominado para aclarar y sancionar el escándalo del Registro Civil por los errores en el padrón electoral tenga como contraparte a su cliente directo, a quien representó en los últimos años".
