SANTIAGO.- La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Policía de Investigaciones que en un plazo de 24 horas, remita todos los antecedentes al tribunal sobre la detención en Rumania de Rafael Garay, y el proceso previo que derivó en la emisión de una alerta roja internacional.
Ello, tras declarar admisible el recurso de amparo presentado el miércoles por el defensor público Claudio Aspe, que busca dejar sin efecto la notificación que dio pie para que la policía de Brasov capturara al autodenominado economista, quien ayer fue formalizado en ausencia por presuntas estafas que bordean los $1.800 millones.
De acuerdo al recurso, se habrían vulnerado sus garantías constitucionales del imputado al emitir la policía chilena, una alerta roja sin la resolución previa de los tribunales.
Específicamente, porque al momento de su aprehensión, en Chile, oficialmente, no existía un requerimiento formal respecto a la solicitud de su extradición para que enfrente en el país un proceso penal.
La decisión de presentar una acción penal se basó en las declaraciones hechas por la policía rumana que asegura que Garay fue capturado tras la alerta roja enviada por autoridades chilenas y no por algún delito que haya cometido en el país europeo, donde permanece desde hace dos meses.
Dicha alerta, según lo establece la ley chilena, solo puede ser emitida una vez que la Corte de Apelaciones acepte pedir la detención previa con fines de extradición del imputado, ya que es la única autoridad competente en Chile que puede requerirla a Rumania, a través de la Cancillería.
Ahora, el tribunal de alzada deberá programar una audiencia para debatir si la detención en Rumania se ajusta a derecho o si se vulneraron las garantías constitucionales del ingeniero.
Ayer, en tanto, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago aceptó iniciar un proceso para requerir la entrega del ingeniero comercial tras escuchar los hechos expuestos por la Fiscalía.
De esta manera, elevó los antecedentes al tribunal de alzada que finalmente deberá resolver si procede solicitar la extradición del imputado a Rumania.
Según la resolución de la magistrada Rabinovich, Garay montó un negocio imaginario para defraudar a las víctimas, enfatizando que el imputado se encuentra en Rumania con la única intención de eludir a la justicia.
