"No es razonable para el país que nosotros detengamos, entre ambas policías, alrededor de 250 personas al día y queden 235 libres", dijo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, este martes.
Aton
SANTIAGO.- La cifra que entregó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, respecto de imputados que quedan en libertad luego de haber sido detenidos generó un amplio debate entre expertos y personas ligadas al sistema penal sobre el trabajo del Ministerio Público, las policías y los jueces.
"No es razonable para el país que nosotros detengamos, entre ambas policías, alrededor de 250 personas al día y queden 235 libres", dijo la autoridad de gobierno el martes.
El origen de esta declaración fue ese mismo día, cuando un ciudadano inquirió a Aleuy sobre la labor de seguridad del Gobierno, señala "
El Mercurio".
"Necesitamos más mano dura. Estamos nosotros encerrados y los delincuentes salen libres al día siguiente", le reclamó.
Ante esto, el subsecretario respondió que la tarea del Ministerio del Interior era "una labor policial", ya que tanto Carabineros como la PDI dependen de ellos.
"En Chile, la labor judicial está entregada a organismos independientes sobre los cuales nosotros no tenemos ninguna tuición", comentó.
Y agregó: "Usted tiene razón: hemos logrado ya hacer una coordinación entre las policías, el Gobierno y la fiscalía, y ahora vamos a avanzar a hacer esa coordinación con el Poder Judicial".
CIDH: porcentaje de Chile es bajo
Si bien Interior no quiso referirse al origen de esta estadística, fuentes de Carabineros indicaron que podría extraerse desde los detenidos por robos, robos frustrados, receptación y órdenes judiciales durante el lunes y martes de esta semana, la cual daba en promedio 250.
Sin embargo, no se dio una explicación sobre cómo se obtuvo la cantidad de gente que estaría en libertad luego de ser aprehendida.
Revisando estadísticas del Poder Judicial, a septiembre de 2016, hubo 263.891 imputados que estuvieron en un control de detención y 167.146 fueron formalizados (63%).
A su vez, el Ministerio Público solicitó 28.030 prisiones preventivas, siendo aprobadas por un tribunal de garantía el 87,3%, equivalente a 24.446.
Si se compara el total de formalizados con las prisiones preventivas acogidas, el 9,26% está recluido temporalmente mientras se lleva adelante la investigación.
El resto, más del 90%, está con otras medidas cautelares —como arraigo, firma mensual, entre otras— u optó por otra salida judicial: la fiscalía puede ofrecer un procedimiento simplificado o suspensión condicional (ambos donde el imputado reconoce responsabilidad en los hechos), entre otras, cuando la pena asignada al delito no supera los 540 días, por ejemplo.
La cifra de prisión preventiva en Chile es menor en el contexto de América Latina: según el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que data de 2013, el país tiene "comparativamente uno de los porcentajes más bajos de personas en prisión preventiva".
Las explicaciones
Consultado el Ministerio Público sobre este tema, comentaron por escrito que esta medida es la de mayor intensidad y exigencia que contempla la legislación, por lo que lo "que se busca es que su aplicación se enfoque en los delitos de mayor gravedad.
En ese marco, debe tenerse en cuenta que aquellos imputados que no quedan en prisión preventiva tampoco están en la impunidad", ya que poseen otras medidas mientras dure la investigación, se señaló desde el organismo de persecución penal.
El Poder Judicial, en tanto, no quiso referirse al respecto.
Emmanuel Bernales, jefe de la Defensa Comunal de Vitacura y ex fiscal, indicó que "el sistema procesal penal es un muy buen sistema. Me atrevería a plantear preliminarmente, sobre la base de esas cifras, que el gran problema radica en las tareas de investigación y en cómo se trabajó en las primeras diligencias, cuyos controles y filtros de los fiscales son posteriormente los que llevan a los jueces a dejar a estas personas en libertad o no".
En tanto, David Rozowski, director de la Fundación Ciudadano Seguro, sostuvo que "proponemos acelerar las reformas que el sistema penal y judicial en Chile necesitan con urgencia".
