SANTIAGO.- La Corte Suprema será finalmente la encargada de resolver si la detención de Rafael Garay en Rumania, el pasado 18 de noviembre, se ajustó o no derecho.
Lo anterior, porque ayer -tras vencer el plazo de cinco días para hacerlo- el defensor público Claudio Aspe, apeló a la resolución del tribunal de alzada que rechazó el recurso de amparo que buscaba establecer la ilegalidad de su detención en Brasov, según dijo a
Emol el propio abogado.
De esta manera, Aspe insistirá ante el máximo tribunal sobre que se habrían vulnerado las garantías constitucionales del imputado al emitir la policía chilena, una difusión roja sin la resolución previa de los tribunales.
Específicamente, porque al momento de su aprehensión, en Chile, oficialmente, no existía un requerimiento formal respecto a la solicitud de su extradición para que enfrente en el país un proceso penal.
Garay, en tanto, permanece con arresto domiciliario total a la espera de la solicitud de su extradición a las autoridades rumanas, decisión que se conocerá el próximo 14 de diciembre.
El autodenominado economista fue formalizado en ausencia por la Fiscalía Centro Norte por su presunta responsabilidad en estafas que bordean los $1.800 millones.
De acuerdo a la investigación, serían 36 las personas afectadas, quienes habrían invertido en la empresa de Garay, Think & Co., la cual sólo fue utilizada como fachada y nunca registró movimientos, según la indagatoria que lleva adelante el fiscal centro norte, José Morales.
