SANTIAGO.- El peruano Máximo Zadi Desme Hurtado podrá obtener un permiso de trabajo hasta que cumpla la condena de 3 años y un día de presidio en libertad vigilada, por el delito de aprovechamiento de bienes producto del narcotráfico.
Así lo resolvió ayer la Sala Penal de la Corte Suprema, que acogió el recurso de amparo de este extranjero que tenía una orden de expulsión vigente.
En el fallo se sostiene que, al no otorgarle una visa de trabajo, el Ministerio del Interior estaría perturbando "el derecho del recurrente a su libertad personal y seguridad individual, al vedarle la autorización que le permite el ejercicio de una actividad económica legal".
Según se detalla en un informe realizado por la unidad de estudios de la Corte Suprema —al cual tuvo acceso "
El Mercurio"— a partir de 2013, el máximo tribunal comenzó a cambiar el criterio en materia de extranjería, acogiendo un número importante de recursos de afectados. El argumento es que la familia es un elemento que debe ponderar la administración al resolver la permanencia o expulsión.
Asimismo, se consideran otros factores como el tiempo de residencia, arraigo social y laboral en el país. Así es el caso del ciudadano peruano al que se le acogió amparo, que tiene dos hijos chilenos.
Según ese mismo estudio, entre 2010 y 2015, la Corte Suprema revisó 108 recursos relativos a expulsiones de extranjeros por condenas penales, acogiendo 47; es decir, un 43%.
En este período se presentaron 47 recursos de reclamación del decreto de expulsión, de los cuales se acogieron 11 y se rechazaron 36. Otros 54 casos son de recursos de apelación en contra de sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, de las cuales se acogieron 32 y se rechazaron 22.
También se interpusieron siete apelaciones en contra de sentencias de tribunales de alzada por recursos de protección. De ellas, se acogieron cuatro y se rechazaron tres.
Los delitos que con mayor frecuencia cometieron los extranjeros en el país de origen o de acogida fueron: tráfico ilícito de estupefacientes, infracción a la ley de propiedad intelectual, estafa, robo, hurto y uso fraudulento de tarjeta de crédito. Además, existen algunos casos de abuso sexual contra menores y violación, lesiones, tentativa de homicidio y un caso de homicidio simple, entre otros.
En el delito de tráfico ilícito de estupefacientes han acogido amparos, asegurando que no se justifica el decreto de expulsión cuando no existió la habitualidad o dedicación en la conducta delictiva que exige la Ley de Extranjería en el artículo 15, N° 2.
