SANTIAGO.- Una demanda por $1.200 millones enfrenta la Municipalidad de Providencia por el incumplimiento del contrato que acusa el contratista a cargo del proyecto de mejoramiento del Museo de los Tajamares del Mapocho.
El acuerdo entre el municipio y el contratista, Carlos Abell, se firmó en 2014 –durante la administración de Josefa Errázuriz– por un total de $714 millones.
La abogada que lleva adelante la demanda, Melisa Naranjo, indicó que desde el inicio de la adjudicación de las obras, el contratista se enfrentó a una serie de inexactitudes en los planos originales y desprolijidades en el procedimiento por parte de la municipalidad.
Además, en los terrenos de la obra el equipo del contratista encontró redes de fibra óptica y hasta estructuras de loza del Metro de Santiago. "Todo esto no estaba previsto. Los planos estaban a cargo de la municipalidad, no contemplaban estas estructuras", sostuvo la abogada. Agregó que, "a pesar de las advertencias, el municipio ordenó que las obras continuaran, lo que produjo la perforación de la (la loza de) Línea 1".
La profesional explicó que, tras este percance, la loza fue reemplazada, pero no impermeabilizada y que "cuando ocurrió la rotura de la matriz de agua potable en Avenida Providencia y la consiguiente inundación del Metro, se considera directa relación con la realización de dichas obras".
Tras esto, los trabajos fueron suspendidos y Carlos Abell decidió acudir a la Corte de Apelaciones, quien solicitó un informe de la municipalidad al respecto. La abogada aafirmó que durante el plazo para entregarlo, la alcaldía "puso fin anticipado y de manera unilateral al contrato, señalando causas de interés público".
La demanda fue interpuesta por concepto de indemnización de perjuicios, moratoria, lucro cesante, daño moral y montos adecuados por trabajos impagos y materiales no devueltos.
"Lamento que sea una carga para la nueva administración"
Carlos Abell aseguró a Emol que no pretendía demandar a la municipalidad. "Siempre estuvimos dispuestos a buscar una solución, pero las autoridades, cuando se empezaba a conversar, hacían cambios a la mesa de diálogo, aparecían nuevos actores y se fue dilatando. El error, que el proyecto era malo, fue reconocido en las actas del Consejo Municipal".
El contratista lamentó que la demanda se convierta en una "carga para la nueva administración, que dejó la anterior", haciendo referencia al periodo de Josefa Errázuriz.
"Ahora las penurias... Lo estoy pasando muy mal con este tema, tuve que comprometer todo mi patrimonio, porque soy una persona con giro, no soy una empresa y parece que la gente no lo entiende. Me siento realmente estafado con esta situación, nunca pensé que la autoridad pudiera actuar tan arbitrariamente y con tan mala intención", añadió Abell.
A su juicio, "los arquitectos que el municipio contrató son los culpables y la Municipalidad de Providencia, que no fue capaz de analizar bien la situación. Detrás de esto hay revisiones de externos, entonces hay una absoluta anarquía e irresponsabilidades".
