"En el 100% de los casos de personas que estuviesen imputadas por delitos similares estaríamos todos, usted o yo, sometidos a un régimen de prisión preventiva con los antecedentes que existen actualmente", señala Carlos Tenorio.
Gonzalo Muñoz, El Mercurio
SANTIAGO.- Pese a que mantiene inalterable su tono de abogado, cuando analiza los hechos de los últimos días, no puede esconder su molestia.
Carlos Tenorio es el defensor de la familia Luchsinger, y considera que las acciones de Francisca Linconao, acusada por su participación en el atentado incendiario en el que fue asesinado el matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne McKay, constituyen una "presión indebida". señala "
El Mercurio".
"La huelga de hambre —que mantuvo desde el 23 de diciembre— es una medida de presión indebida cuando guarda relación con resoluciones judiciales, dictadas por los tribunales de justicia", dice Tenorio, frente a la prisión preventiva que se había dictado como medida cautelar.
"Incongruencia" del intendente
El abogado, además, considera que es una "incongruencia" que el intendente de La Araucanía, Miguel Hernández, se haya reunido con ella siendo que la Intendencia es "querellante en la causa, por lo tanto también es parte acusadora de la señora Linconao".
Desde esa perspectiva, señala que fue poco prudente que no hiciera lo propio también con la familia de las víctimas de ese crimen.
La preocupación de la defensa aumentó ayer, cuando se revisaron las medidas cautelares que finalmente desembocaron en que la acusada tendrá arresto domiciliario.
Críticas a intervención de abogado
"Luego de la intervención del abogado de la Intendencia en la Corte de Temuco, lo cierto es que la familia Luchsinger ha quedado sustancialmente molesta. Toda vez que el alegato del querellante Intendencia contuvo una serie de afirmaciones que más parecieron propias de la defensa (de la mujer). En este sentido, no se puede olvidar que la Intendencia es querellante y ha presentado acusación en contra de los 11 coimputados, incluida la señora Linconao".
Incluso afirma que "el resultado no es muy distinto del eventualmente pretendido por esta parte querellante cuando solicitó una cautela de garantías a favor de Linconao, ya que mediante ella se podía llegar al mismo resultado. Es decir, el arresto domiciliario total".
Evalúan pedir que gobierno deje de ser querellante
La defensa de la familia se reunirá hoy con el intendente Hernández y le solicitarán explicaciones por todo lo ocurrido. Tenorio adelanta que se encuentra "en estudio la posibilidad de requerirle que dejen de formar parte de la causa si continúan actuando dubitativamente o siendo tan perceptibles a las evidentes presiones políticas de los últimos días".
Frente a quienes han cuestionado la prisión preventiva para la acusada, el abogado enfatiza en que cuando esta se aplica, se hace de acuerdo a méritos que están incluidos en el Código Procesal Penal, y requiere de una serie de requisitos.
"El primer requisito es que existan antecedentes de la existencia del delito. Nadie ha puesto en duda que existió un delito de la máxima gravedad que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger McKay", dice.
"El segundo requisito es que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente que la persona ha tenido participación en el delito. Esos antecedentes aquí existen y son pruebas que se han ventilado en las audiencias", concluye.
Trato justo
Tras ese análisis, lamenta que el caso esté saliendo de los cauces judiciales para convertirse en un caso con connotaciones políticas.
"A Francisca Linconao —enfatiza— no se la está juzgando por ser machi ni mapuche, sino por su participación en un crimen".
"Lo que puedo decir con responsabilidad es que en el 100% de los casos de personas que estuviesen imputadas por delitos similares estaríamos todos, usted o yo, sometidos a un régimen de prisión preventiva con los antecedentes que existen actualmente en esa causa", afirma, categórico.
Se suma a la petición de parlamentarios de exigir un trato igualitario en el juicio, y espera que exista celeridad.
"Ignorancia supina"
"Aquí existe un juicio donde 11 personas son coacusadas y cuentan con todas las garantías del debido proceso. Como contrapartida tenemos a los hijos, víctimas de la muerte de sus padres, en un crimen horroroso, que merecen respeto, y merecen respeto de la autoridad, sobre todo cuando esa autoridad es querellante en la causa", plantea.
También desliza críticas a comentarios de algunos congresistas. "Cuando escucho a parlamentarios decir que no hay pruebas, eso obedece a una ignorancia supina".
Finalmente, dice que su interés como representante de las víctimas es que el juicio se desarrolle con la mayor normalidad posible para que se garantice un juicio justo y se permita llegar a la verdad judicial del caso.
