SANTIAGO.- La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, defendió el rol que jugó el Ejecutivo al enviar a un abogado para que alegara en favor de la machi Francisca Linconao, con el objetivo de que se le cambiara la medida cautelar que pesaba sobre ella por el caso Luchsinger-Mackay y así depusiera su huelga de hambre.
Luego de conocer la intención de algunos parlamentarios de la oposición de reunir antecedentes para preparar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, debido a la presión que a su juicio ejerció La Moneda para lograr cambiar la prisión preventiva de la imputada por arresto domiciliario.
Al respecto, Narváez respondió que “los actores políticos, las personas en nuestro país, habiendo una democracia y una institucionalidad clara pueden hacer las presentaciones que estimen pertinentes en el marco de la ley, en el marco de la norma. Eso no es problema, porque tiene que ver con la libertad que nos da vivir en democracia”.
“Ahora, respecto del actuar del Ministerio del Interior en este caso, quiero ser muy clara y taxativa: Aquí se ha actuado apegado a la ley, aquí se ha actuado dando garantías de transparencia a todos los actores y de estar preocupándonos de dos elementos fundamentales, que ambos son intereses superiores”, indicó:
En esa línea, defendió en primera instancia el rol de querellante que mantiene el Gobierno en el caso, ya que para La Moneda “el crimen que ahí ocurrió es un crimen horrendo que tiene que ser esclarecido y tiene que ser sancionado. En eso no hay dos posturas y no hay relativismo que corresponda”.
“El segundo interés superior es cuidar la salud de las personas y lo que se hizo fue desarrollar una serie de acciones que tuviesen que ver con persuadir a la machi a que depusiera su huelga de hambre, cosa que ocurrió por la vía de la resolución de un tribunal de forma autónoma. Eso es importante aclarárselo al país”, dijo.
Por ello, Narváez sostuvo que “en esto tiene que primar el sentido común y la sensatez. En cualquier situación de una persona que está siendo imputada, no condenada, y que toma medidas de carácter extremo, todas las personas por humanidad intentamos que esas personas depongan situaciones de presión como esa”.
“Eso se ha hecho siempre, lo podría hacer cualquier autoridad y no creo que en esto haya una gran diferencia entre nosotros”, concluyó.
